FONID, 190 días de clases y 8% del PBI: la jugada K en Diputados

18/04/2026 | El 70% del incremento en la inversión estaría a cargo del Estado nacional y el 30% por parte de las jurisdicciones provinciales.

Francisco Angulo

El diputado kirchnerista Marcelo Mango presentó un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que busca aumentar de manera progresiva la inversión en el sistema educativo argentino hasta alcanzar el 8% del PBI en 2036.

La iniciativa también cuenta con el respaldo de la cristinista Teresa García y propone, entre otros puntos clave, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La propuesta se inscribe en un contexto de fuerte debate por el presupuesto educativo y el rol del Estado, tras una serie de medidas que, según los fundamentos del proyecto, implicaron un proceso de “desfinanciamiento” del sistema en los últimos años.

Carlos Torrendell, secretario de Educación

Un nuevo esquema de financiamiento para la educación

El proyecto establece que la inversión educativa consolidada —que incluye al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires— deberá alcanzar como mínimo el 8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia 2036.

De ese total, el 6% estará destinado a los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario, mientras que el 2% restante será para el sistema universitario.

Además, se fija una distribución del esfuerzo financiero: el 70% del incremento estará a cargo del Estado nacional y el 30% de las jurisdicciones provinciales.

El texto también prevé la elaboración de un plan plurianual de inversión educativa con metas intermedias entre 2027 y 2036, con el objetivo de garantizar una progresión sostenida del financiamiento.

Cómo se financiaría la ley

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el mecanismo de financiamiento. La iniciativa propone afectar una parte del crecimiento de los recursos coparticipables para sostener la inversión educativa.

En concreto, se establece que un porcentaje del incremento de la recaudación distribuida a provincias será destinado específicamente a educación, con el objetivo de garantizar “condiciones equitativas y solidarias” en todo el país.

Este esquema busca evitar que las diferencias fiscales entre provincias profundicen las desigualdades educativas, un problema histórico del sistema argentino.

La restitución del FONID, un punto clave

Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un fondo creado para complementar el salario de los docentes en todo el país.

La iniciativa establece que el FONID volverá a estar vigente sin límite temporal y que solo podrá ser modificado o eliminado por una ley del Congreso. Además, dispone que el Estado nacional reanude las transferencias a las provincias.

El texto también fija que los montos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los últimos valores transferidos antes de su eliminación.

Este punto responde a una de las principales demandas del sector educativo, luego de que el fondo fuera discontinuado en el marco de los ajustes presupuestarios recientes.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un pago que el Gobierno nacional realiza a cada docente de las provincias. Durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas, se realizó ininterrumpidamente. Pese a que los funcionarios nacionales de Educación se… https://t.co/BQXiIOGihe
— Axel Kicillof (@Kicillofok) February 9, 2024

Contexto: críticas al desfinanciamiento educativo

En los fundamentos, Mango sostiene que la Argentina atraviesa un proceso de retroceso en materia de financiamiento educativo. Entre los argumentos, menciona la eliminación del FONID, el veto a la ley de financiamiento universitario y cambios en la estructura del Estado.

“El país no cuenta desde hace años con una ley que fije compromisos progresivos y exigibles de inversión educativa”, advierte el texto.

También se cuestiona la eliminación de metas legales de inversión, como el piso del 6% del PBI establecido en normativas anteriores, lo que —según el proyecto— debilita el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

Educación como inversión estratégica

El proyecto remarca que la educación debe ser entendida como una inversión y no como un gasto, al considerarla clave para el desarrollo económico, la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

En esa línea, se plantea la necesidad de fortalecer todos los niveles educativos, ampliar la jornada escolar, garantizar infraestructura, conectividad, materiales y formación docente, así como mejorar las condiciones laborales del sector.