La comunidad educativa del Colegio Carlos Pellegrini volverá a las calles. Este viernes 17 de abril a las 17, madres, padres y estudiantes realizarán un “abrazo” en la puerta de la escuela y luego se sumarán a la Marcha de Antorchas en Callao y Corrientes para visibilizar la situación que atraviesa la educación pública.
La protesta se da en un contexto de fuerte ajuste sobre el sistema universitario, donde los recortes presupuestarios y la caída del salario docente se convirtieron en el eje del conflicto.
El principal golpe estuvo en los ingresos. Desde la asunción de Javier Milei hasta marzo de 2026, los salarios del personal docente y no docente universitario acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 33,7%.
La situación se agravó en los últimos días, luego de que el Gobierno decidiera apelar una medida judicial que ordenaba aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa establecía una recomposición salarial para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023 y ajustes posteriores atados a la inflación.

En lugar de eso, la propuesta oficial contempla aumentos muy por debajo de los precios: un 12,3% en cuotas durante 2026.
El ajuste no se limita a los salarios. Entre 2023 y 2026, el presupuesto de las universidades nacionales cayó un 47,4% en términos reales.
El dato no es menor: los salarios representan el 88,1% del gasto universitario, por lo que el recorte impacta directamente en el funcionamiento del sistema.
La aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un refuerzo de $2,18 billones. Sin embargo, el Gobierno no solo se niega a implementarla, sino que proyecta un presupuesto 41,1% menor, consolidando el ajuste.

El deterioro se refleja con claridad en los ingresos.
Un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva cobraba en noviembre de 2015 un salario equivalente a $1.187.482 (a valores actuales). En marzo de 2026, ese ingreso cayó a $589.585, una pérdida del 50,4%.
Si se aplicara la ley vigente, ese salario subiría a $878.007, reduciendo parcialmente la caída. En cambio, con el esquema oficial proyectado, el ingreso seguiría prácticamente en el mismo nivel, consolidando una pérdida superior al 50% en una década.