El Gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo esquema para habilitar la inversión privada en rutas nacionales, al permitir que las provincias concesionen tramos dentro de sus territorios. La decisión, formalizada a través de un decreto, se enmarca en la estrategia oficial de reducir el gasto público y promover la participación del sector privado en obras de infraestructura.
La medida alcanza a distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Río Negro, Neuquén, Salta, Santa Cruz y San Juan, donde se habilitará la administración, mantenimiento y ampliación de rutas mediante el cobro de peajes. De este modo, los gobernadores podrán avanzar con obras en tramos nacionales que atraviesan sus provincias.
El esquema también implica que empresas privadas podrán gestionar estos corredores viales, lo que representa un cambio relevante en el modelo histórico de administración centralizada a través del Estado nacional.
La decisión generó un fuerte rechazo del Sindicato de Trabajadores Viales, encabezado por Graciela Aleñá, que denunció un “avance hacia el vaciamiento” de la Dirección Nacional de Vialidad.
Desde el gremio advirtieron que el nuevo sistema podría fragmentar la red vial y priorizar únicamente los tramos rentables, dejando relegadas las rutas con menor tránsito. “Se convierten en unidades de negocio”, señalaron.
A las críticas sindicales se sumó la oposición. El diputado Carlos Castagneto cuestionó la medida a través de sus redes sociales y planteó que el Gobierno “se desentiende” de una función central del Estado. Según sostuvo, el nuevo esquema traslada la carga a las provincias y, en última instancia, a los propios contribuyentes.
OTRA LAVADA DE MANOS
— Carlos Castagneto (@CastagnetoC) April 17, 2026
El Gobierno Nacional se desentiende de las rutas.
Hoy, por decreto (253/2026), decidieron que las provincias se queden con toda la responsabilidad de hacer y arreglar las rutas nacionales.
El Estado Nacional se borra de una de sus funciones básicas. pic.twitter.com/d5SOzd4FtY
En ese sentido, el legislador puso el foco en el destino de los recursos: recordó que parte de los impuestos a los combustibles están destinados al mantenimiento vial y se preguntó por qué esos fondos no se reflejan en el estado de las rutas.
Además, Carlos Castagneto adelantó que pidió la presencia en el Congreso de autoridades del área de transporte y de Vialidad Nacional para que den explicaciones sobre la medida y el uso de los recursos.
Mientras el Gobierno apuesta a un esquema de descentralización con participación privada, el frente de críticas crece. La discusión ya no se limita a la gestión de las rutas, sino que abre un debate más amplio sobre el rol del Estado, el financiamiento y el impacto federal del nuevo modelo.