La Justicia de Mendoza imputó a un adolescente de 16 años por intimidación pública y amenazas tras difundir contenido violento. El joven habría viralizado una fotografía de una réplica de arma de fuego acompañada de mensajes amenazantes. El caso generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa local.
En el mismo operativo, un joven de 17 años fue procesado por ingresar una réplica de arma a su institución. Lo llamativo del caso es que su propia madre resultó acusada por instigación al delito. Según los investigadores, la mujer le habría recomendado activamente llevar el elemento al colegio.
El fiscal Gustavo Farmache, de la Fiscalía Penal Juvenil, tomó declaraciones informativas a otros tres adolescentes implicados. Al tener menos de 16 años, estos menores resultan no imputables bajo la legislación penal vigente. Sin embargo, todos permanecen sujetos a una investigación por participar en pintadas amenazantes.

En tanto, un niño de apenas 15 años también fue demorado este viernes por portar una réplica de arma de fuego. Debido a que la nueva ley de baja de imputabilidad aún no rige, el menor no pudo ser procesado penalmente. Las autoridades locales advierten sobre un crecimiento exponencial de este tipo de conductas.
La Unidad Fiscal de Delitos No Especializados confirmó que ya se recibieron más de 50 denuncias por hechos similares. La ola de amenazas escolares ha obligado a intensificar los controles y protocolos de seguridad en la provincia. La justicia busca desalentar estas prácticas que alteran el orden público.
Las instituciones involucradas reforzaron el diálogo con las familias para prevenir futuras situaciones de violencia o pánico. Se espera que las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados aporten nuevos datos a la causa. El foco está puesto en la responsabilidad compartida entre padres y alumnos.