Se cumplen exactamente ocho años de la multitudinaria Marcha de las Velas, una de las protestas más emblemáticas contra la política tarifaria del gobierno de Mauricio Macri.
Aquella movilización, realizada el 19 de abril de 2018, sintetizó el creciente malestar social por los aumentos en los servicios públicos y marcó un punto de inflexión a nivel político en el Congreso. Sectores que habían sido dialoguistas y cercanos a Cambiemos en 2016 y 2017, empezaron a inclinarse hacia una oposición más cerrada. Pocos días después de aquella marcha, comenzaría la corrida cambiaria con una fuerte devaluación del peso.
La protesta, así, no fue un hecho aislado: se inscribió en una escalada de reclamos que rápidamente se trasladó al Congreso, donde la oposición intentó frenar los incrementos. La respuesta del Gobierno, lejos de retroceder, fue sostener el rumbo con algunas modificaciones, lo que derivó en una batalla política que culminó semanas después con la sanción de una ley que sería vetada por el propio Presidente.

Convocada por las dos CTA, el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el Tarifazo, la movilización reunió a miles de personas que marcharon desde el Congreso hasta el Obelisco con velas encendidas, en señal de protesta por el impacto de las subas en luz, gas y agua.
El reclamo central era claro: “prohibir los aumentos por un año”, retrotraer las tarifas a los valores de diciembre de 2017 y devolver el dinero a los usuarios mediante descuentos en futuras facturas.
Desde la organización, el diagnóstico era contundente. “Estamos cansados de tantos aumentos que se han transformado en una situación intolerable e insostenible para el pueblo y el país”, expresó Natalia Carrizo, dirigente del gremio de Camioneros.
La consigna se replicaba en carteles y cánticos: “Basta de tarifazos”, “Macri con los jubilados no se jode” y otras expresiones que reflejaban el malestar social en ciertos sectores. La protesta incluyó sindicatos, organizaciones sociales y espacios políticos opositores, junto a una importante presencia de ciudadanos autoconvocados.

Entre los principales referentes que participaron estuvieron Hugo Yasky, Pablo Micheli y Pablo Moyano, quienes encabezaron la convocatoria y cuestionaron con dureza la política económica del Gobierno.
Yasky advirtió que las medidas oficiales eran “una verdadera tomadura de pelo”, mientras que Micheli sostuvo que la propuesta de morigerar los aumentos implicaba “que el pueblo se endeude y tenga que elegir entre pagar la factura o mandar los pibes a la escuela”.
En la misma línea, distintos dirigentes coincidieron en que el esquema tarifario implicaba una fuerte transferencia de recursos. “Lo único que cambiaron es la forma de pagarlo”, señalaron, en referencia a la posibilidad de financiar las facturas con intereses.
Frente a la presión social y política, el Gobierno de Macri decidió no retroceder en los aumentos, aunque introdujo modificaciones para descomprimir el conflicto. La principal medida fue permitir el pago de las facturas en cuotas, pero con intereses, especialmente en los consumos de invierno.
La decisión fue defendida como una forma de alivio financiero, pero recibió fuertes críticas desde la oposición. Incluso dentro del propio oficialismo hubo matices, aunque la conducción política se mantuvo firme en sostener el esquema tarifario.
Desde la Casa Rosada buscaban evitar que el tema escalara en el Congreso, donde la oposición estaba cerca de reunir los votos necesarios para avanzar con una sesión especial que modificara las tarifas.
La tensión política se trasladó rápidamente al ámbito legislativo. Bloques opositores como el FpV-PJ, el Frente Renovador, el Interbloque Federal y la izquierda rechazaron la propuesta oficial y avanzaron con proyectos para retrotraer y congelar las tarifas.
“El pago en cuotas con intereses es una tomada de pelo a la sociedad”, afirmó el diputado Agustín Rossi, quien impulsó una sesión especial para tratar el tema.
Otros dirigentes reforzaron esa postura. “Las familias argentinas ya no pueden pagar los tarifazos” y “ya no hay bolsillo que aguante” fueron algunas de las frases que sintetizaron el clima político de ese momento.
La oposición logró instalar el debate y forzar una discusión parlamentaria que el oficialismo intentaba evitar.
Semanas después de la Marcha de las Velas, el conflicto llegó a su punto más alto. El Congreso aprobó una ley que retrotraía las tarifas y limitaba futuros aumentos en función de los salarios.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri vetó la norma, ratificando la política tarifaria de su gobierno, que luego sería aún más exigida por la devaluación.
El episodio dejó en evidencia la dificultad del oficialismo para gestionar el impacto social de las tarifas y consolidó el tema como uno de los ejes centrales de la agenda política y económica de ese año.