18/04/2026 - Edición Nº1166

Política

Abogada detenida

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal denunció "gravedad institucional" en La Rioja

18/04/2026 | La colegiatura porteña manifestó su preocupación por la privación de libertad de una abogada riojana



El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la abogada Inés Brizuela y Doria, detenida en la provincia de La Rioja en un contexto vinculado al ejercicio de su profesión. La entidad consideró que la privación de libertad de una letrada en esas circunstancias constituye un hecho de “extrema gravedad institucional”. 

En el texto, el CPACF subrayó que el ejercicio de la abogacía no puede dar lugar a represalias ni a intervenciones que desconozcan las garantías que estructuran el Estado de Derecho. Por ello, reclamó que las autoridades provinciales esclarezcan de manera inmediata lo ocurrido y determinen las responsabilidades correspondientes. 

El comunicado también enfatizó que la actuación estatal debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, debido proceso y razonabilidad, pilares fundamentales para la vigencia de un sistema democrático. 

La institución reafirmó su deber legal de resguardar el ejercicio profesional de la abogacía, al considerarlo una condición necesaria para garantizar el acceso a la justicia. En ese sentido, adelantó que permanecerá atenta a la evolución de los hechos y adoptará las medidas que correspondan en defensa de la profesión. 

La declaración del CPACF se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la independencia de los abogados y la necesidad de que las autoridades respeten las garantías constitucionales en todo el país. 

Qué pasó en La Rioja

Inés Brizuela y Doria no es una abogada más. Fue intendenta de capital de La Rioja (2019-2023) y actualmente es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical de su provincia. En circunstancias poco claras, fue detenida durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos, junto al vocal Jorge Bordón.

El conflicto se originó tras una denuncia de violencia de género presentada por la presidenta del Colegio, Silvia Brizuela Ledesma, contra Bordón. A raíz de la denuncia, el hombre se le prohibió acercarse y mantener contacto con la denunciante por espacio de 120 días, lo que le impide -entre otras cosas- participar de las asambleas de la colegiatura. En ese marco ingresó la policía y detuvo al denunciado y a su abogada, que lo estaba asistiendo. De acuerdo con su testimonio, Bordón no estaba notificado de la existencia de la medida judicial.

El episodio rápidamente trascendió de su ámbito de origen y se convirtió en un hecho político: Al recuperar su libertad, Brizuela y Doria responsabilizó al gobernador Ricardo Quintela de manipular la justicia provincial para perseguir opositores, mientras que la UCR denunció un uso arbitrario del Poder Judicial para acallar voces críticas.