El gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo al conflicto con el sistema universitario al recurrir a una estrategia judicial para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento. A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo avanzó contra dos artículos centrales de la norma, en un intento por frenar la obligación de actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.
La maniobra se da en un contexto de fuerte presión judicial: distintos fallos ya habían ordenado al Estado cumplir con esos puntos de la ley, que buscan recomponer ingresos y garantizar el funcionamiento de las universidades frente al impacto de la inflación. Sin embargo, en lugar de avanzar con los pagos, el Gobierno optó por cuestionar la constitucionalidad de esos artículos, estirando los plazos y trasladando la disputa al terreno judicial.
CONFLICTO UNIVERSITARIO | El gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que lo obliga a aplicar la norma y actualizar salarios docentes y becas (vía @AgenciaDib)https://t.co/o3GMEF0fVZ
— El Diario de Miramar (@eldiariomiramar) April 18, 2026
El conflicto no quedó solo en los tribunales. Docentes y comunidades educativas de colegios preuniversitarios salieron a la calle para exigir el cumplimiento de la norma, con movilizaciones y marchas de antorchas que visibilizaron el malestar creciente en el sector.La falta de actualización presupuestaria pone en riesgo el normal desarrollo de las actividades académicas, en un escenario donde los salarios ya vienen perdiendo poder adquisitivo y las instituciones enfrentan dificultades para sostener sus funciones básicas.
Ayer, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal recibió un recurso presentado por Sebastián Amerio, titular de la Procuración del Tesoro. En esa presentación, el representante del Poder Ejecutivo solicitó la suspensión de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios y el incremento de las becas estudiantiles. A la hora de argumentar, el planteo no es original. Simplemente se limita a retomar un fundamento gastado por Javier Milei al momento de vetar la norma: que la ley no especifica las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
En la presentación, el oficialismo también cuestionó la medida cautelar dictada por la Cámara que ordenó aplicar los artículos en discusión y dejó sin efecto el artículo 1 del Decreto 759/2025, firmado por Javier Milei para suspender la ley. Ahora, la Sala interviniente deberá definir —en un plazo de hasta diez días hábiles— si concede el recurso extraordinario y eleva el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El planteo del Ejecutivo sostiene que se trata de una “cuestión federal” y advierte que la cautelar genera un “perjuicio grave e irreparable” al Estado, al poner en riesgo el equilibrio fiscal.
En ese escenario, el Gobierno pidió que, de llegar el expediente al máximo tribunal, sus integrantes —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— se aparten y sean reemplazados por conjueces, debido a su vínculo con la docencia universitaria. De todos modos, la apelación no suspende los efectos de la resolución vigente: desde el viernes por la mañana rige la obligación de transferir los fondos a las universidades. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) analiza solicitar sanciones personales contra los funcionarios responsables por cada día de incumplimiento.
En medio de la disputa judicial y administrativa, el conflicto ya se siente en las aulas. La pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios se profundiza semana a semana, mientras crecen las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones. En ese contexto, estudiantes y familias de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini realizaron un “abrazo simbólico” al edificio y luego se sumaron a la marcha de antorchas convocada por Ademys, que avanzó desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco.
La movilización tuvo un fuerte protagonismo juvenil. Con cánticos como “la UBA no se vende” y consignas en reclamo de salarios dignos, los alumnos hicieron visible el malestar por la situación educativa. Un nutrido número de ompañeros y familias acompañaban con carteles, aplausos y velas, en una escena que combinó protesta y visibilización en pleno centro porteño.