Jubilados y ajuste: Ocaña marcó un límite y apuntó al Gobierno

En medio de la polémica por el funcionamiento del PAMI, Graciela Ocaña volvió a instalar el debate sobre el equilibrio entre control y ajuste. La extitular del organismo advirtió que, si bien existen irregularidades en el sistema, eso no puede traducirse en un deterioro de la atención para los afiliados.

“El fraude no puede ser la justificación para ajustarle a los jubilados”, sostuvo la dirigente en declaraciones radiales, donde planteó que el Estado cuenta con herramientas suficientes para auditar y corregir desvíos sin afectar prestaciones esenciales.

🔴 ESTADO DE SITUACIÓN EN PAMI: ¿ATENCIÓN GARANTIZADA A PARTIR DE AHORA?

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Ocaña también apuntó a la gestión actual al señalar que, tras más de dos años de administración, el Gobierno debería haber logrado ordenar el sistema. En ese sentido, vinculó la crisis del PAMI con el rumbo económico general y cuestionó el impacto del ajuste en áreas sensibles. Al mismo tiempo, la legisladora no evitó críticas hacia gestiones anteriores. Afirmó que durante el kirchnerismo se utilizaron fondos del organismo con fines políticos, aunque remarcó que la actual administración tampoco logró revertir los problemas estructurales.

En el plano operativo, alertó sobre el riesgo de deterioro en la atención médica si no se actualizan los valores que perciben los prestadores. Según explicó, una remuneración por debajo de los costos reales puede derivar en menor oferta de servicios o en prestaciones de baja calidad, afectando directamente a los jubilados.

Causa de los medicamentos truchos

El escándalo de los medicamentos adulterados que impulsó Graciela Ocaña comenzó a tomar forma pública entre 2008 y 2009, cuando -siendo titular del PAMI y luego ministra de Salud- denunció irregularidades en la provisión de fármacos oncológicos y de alto costo. La investigación judicial, conocida como la “mafia de los medicamentos”, quedó en manos del juez Norberto Oyarbide y del fiscal Luis Comparatore, y tuvo entre sus principales implicados al dirigente sindical Juan José Zanola y a su pareja Paula Aballay, además del empresario Néstor Lorenzo.

A lo largo de la causa se detectaron circuitos de medicamentos falsificados, robados o vencidos que eran reintroducidos en el sistema de salud. El proceso derivó en procesamientos a partir de 2009 y, años más tarde, en condenas judiciales -como la de Zanola en 2018-, aunque el expediente también evidenció la complejidad del entramado y las dificultades estructurales para controlar un sistema atravesado por intereses económicos y fallas regulatorias.