El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva actualización de los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. A través de la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, se estableció un incremento del 3,40% para abril, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.
La medida impacta sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que regula los valores que perciben prestadores e instituciones en todo el país, en el marco de la Ley 24.901.
El ajuste definido por el Ejecutivo replica el esquema aplicado en marzo —cuando el aumento fue del 2,90%— y responde a la política de actualización mensual basada en la inflación.
Según detalla la norma, el incremento:
Además, se ratificó el adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en la Patagonia.

El anexo oficial establece los nuevos valores para abril en las distintas categorías (A, B, C y única). A continuación, algunos de los montos más representativos tras el aumento:
Categoría A (valores más altos del sistema)
Categoría B
Categoría C
La actualización llega en medio de una fuerte presión sobre el sistema de discapacidad. Días atrás, diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Gobierno en el que denunciaron una “crisis sistémica”.
Entre los principales cuestionamientos se destacan:
El planteo advierte que millones de personas dependen de este sistema y pone el foco en posibles incumplimientos de las obligaciones del Estado en materia de derechos.

El nomenclador es la herramienta que fija los valores de referencia para todas las prestaciones del sistema de discapacidad, incluyendo:
Su actualización impacta directamente en la sustentabilidad de los prestadores, la calidad y continuidad de los servicios y el acceso efectivo de las personas con discapacidad a sus tratamientos.
Si bien el Gobierno sostiene un esquema de ajustes mensuales atados a la inflación, desde el sector advierten que los aumentos no logran compensar el atraso acumulado ni los costos operativos.
En ese marco, el debate sigue abierto: mientras el Ejecutivo busca mostrar previsibilidad en la actualización de aranceles, prestadores y legisladores insisten en que la situación requiere medidas estructurales y financiamiento adicional.
La evolución del nomenclador en los próximos meses será clave para determinar si el sistema logra estabilizarse o profundiza su crisis.