El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó un nuevo esquema para reforzar el control en las cárceles federales: autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida quedó plasmada en la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El objetivo central es impedir que personas privadas de la libertad utilicen dispositivos móviles para coordinar delitos desde el interior de las prisiones, una problemática que el Gobierno considera clave en materia de seguridad.
La norma habilita al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI, dos códigos únicos que identifican a los teléfonos y a las líneas móviles.
En concreto, la resolución dispone:
Además, se instruye a las áreas técnicas a garantizar que estos sistemas no afecten la señal en zonas externas a los penales.
En los considerandos, el Gobierno advierte sobre el uso de celulares por parte de internos para organizar actividades ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.
En ese sentido, la resolución sostiene que resulta “imprescindible adoptar las medidas necesarias para impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.
La decisión se apoya en la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena, y que si bien garantiza el derecho a la comunicación de los internos, también prohíbe expresamente el uso de teléfonos móviles dentro de las unidades penitenciarias.

El anexo de la resolución aprueba un manual de procedimiento que detalla paso a paso la implementación del sistema.
Así, se instalarán equipos fijos capaces de identificar celulares activos dentro de las denominadas “zonas restringidas” de las cárceles. Estos sistemas captarán los códigos IMEI (del equipo) e IMSI (de la línea).
Una vez detectado un dispositivo:
El sistema prevé:
Qué organismos intervienen:

El manual también establece reglas para quienes ingresan a los establecimientos penitenciarios.
Se deberán habilitar espacios seguros y señalizados fuera de las zonas restringidas para depositar celulares y dispositivos electrónicos. Esto alcanza a agentes penitenciarios, funcionarios judiciales, abogados, representantes de organismos de control, y autoridades y visitantes autorizados.
La resolución se inscribe dentro del marco legal que regula la vida en prisión. La Ley 24.660 reconoce el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y organismos, pero a través de canales habilitados y controlados, no mediante celulares.
De este modo, el Gobierno busca equilibrar el derecho a la comunicación y la necesidad de garantizar la seguridad pública.
La implementación de sistemas de bloqueo de celulares se suma a otras medidas orientadas a reforzar la seguridad en contextos de encierro.
Con esta resolución, el Ejecutivo avanza en el uso de tecnología para limitar uno de los principales canales de coordinación delictiva intramuros, en un contexto donde las autoridades buscan reducir la incidencia del crimen organizado desde las cárceles.