Milei abre la pelea por las tierras y una cláusula enciende alertas en el Senado

El Gobierno nacional volvió a poner en agenda la discusión sobre la propiedad de la tierra con un proyecto que ya genera ruido político incluso entre sectores aliados. La iniciativa de “inviolabilidad de la propiedad privada” avanza en el Senado, pero su letra chica encendió alertas por posibles cambios en el régimen de tierras rurales.

El oficialismo busca acelerar el tratamiento para llevar el texto al recinto en las próximas semanas, en línea con su estrategia legislativa. Sin embargo, la discusión en comisión expone diferencias que complican el objetivo de conseguir los votos necesarios.

Cambios en la ley de Tierras

Uno de los puntos más sensibles del proyecto apunta a modificar la ley sancionada en 2011, que limita la cantidad de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras. La normativa vigente fija un tope del 15% a nivel nacional y establece restricciones por nacionalidad y extensión.

La propuesta del Gobierno busca cambiar ese enfoque. Según argumentan desde el Ministerio de Desregulación, las limitaciones actuales desincentivan la inversión internacional y afectan el desarrollo del sector agropecuario.

En ese marco, el nuevo esquema plantea concentrar los controles en casos donde haya participación de Estados extranjeros o entidades vinculadas, en lugar de establecer límites generales.

La cláusula que genera ruido

Sin embargo, el artículo 4 del proyecto es el que más cuestionamientos despierta. Allí se prohíbe que entes gubernamentales extranjeros sean titulares de tierras, pero se introduce una excepción que habilita esas operaciones si no representan un riesgo para la seguridad o la soberanía nacional.

Esa “excepcionalidad” quedaría bajo la órbita del organismo de aplicación, lo que generó fuertes críticas en la oposición y también reparos en bloques dialoguistas, que advierten que el punto podría “alterar todo el proyecto”.

Algunos sectores plantean que, como mínimo, ese tipo de decisiones deberían pasar por el Congreso y no quedar sujetas a criterios administrativos.

Resistencias y negociación

El debate en comisión ya mostró tensiones. Aunque el oficialismo cuenta con el acompañamiento de sectores dialoguistas en otras votaciones, en este caso comenzaron a marcar diferencias, especialmente en lo referido a tierras rurales, desalojos y regularización dominial.

Además, la iniciativa incluye cambios en la ley de Manejo del Fuego y en el régimen de barrios populares, lo que amplía el frente de conflicto político.

El desafío del Gobierno será encontrar una redacción que logre equilibrar su objetivo de flexibilizar las condiciones para la inversión con las demandas de los aliados, sin desvirtuar el espíritu del proyecto.

Una prueba para medir en el Senado

La discusión se convierte así en una prueba clave para el oficialismo en la Cámara alta. Para avanzar hacia el recinto, primero deberá reunir las firmas en comisión, un paso que por ahora no está garantizado.

Con intereses económicos, ambientales y de soberanía en juego, el debate promete escalar en las próximas semanas. Y, una vez más, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su agenda reformista sin perder apoyos en el camino.