Mario Ishii impulsa en Buenos Aires una ley para garantizar alimentos por 18 meses

Un proyecto de ley presentado en el ámbito de la Legislatura bonaerense propone declarar la emergencia alimentaria y nutricional en toda la provincia de Buenos Aires por un período de 18 meses. La iniciativa busca dar respuesta a un escenario social que sus impulsores califican como “crítico”, con un deterioro sostenido de las condiciones de vida.

El texto establece como objetivo central garantizar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para los sectores más vulnerables, en un contexto donde el aumento de la pobreza y la inflación impactan de lleno en el consumo básico.

Más fondos para comedores y asistencia directa

Entre los puntos clave del proyecto, se destaca la necesidad de incrementar de manera inmediata las partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares, servicios alimentarios educativos y espacios comunitarios como merenderos.

Además, se propone la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria, que estaría integrado por recursos del presupuesto general, aportes extraordinarios del Tesoro, financiamiento de organismos y donaciones.

La iniciativa también faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para priorizar la asistencia alimentaria por sobre otros gastos considerados no urgentes.

Endeudamiento y hambre, una combinación alarmante

En los fundamentos del proyecto se advierte sobre un fenómeno preocupante: el crecimiento del endeudamiento de los hogares para poder acceder a alimentos. Según datos citados, más del 90% de las familias argentinas mantiene deudas, muchas de ellas vinculadas directamente a la compra de comida.

Este escenario refleja, según el documento, un proceso de “sobreendeudamiento estructural” que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, profundizando la desigualdad y la exclusión.

Impacto en los sectores más frágiles

El proyecto pone especial énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes, quienes resultan los más afectados por la crisis alimentaria. La falta de acceso a una nutrición adecuada no solo compromete su desarrollo, sino que también agrava problemas estructurales a largo plazo.

En este sentido, se advierte que la emergencia no es solo económica, sino también social y sanitaria, con consecuencias que pueden extenderse en el tiempo.

Control legislativo y adhesión de municipios

La propuesta incluye la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control, integrada por legisladores, con el objetivo de monitorear la implementación de las medidas.

Asimismo, invita a los municipios a adherir a la ley para ampliar el alcance territorial de las políticas alimentarias y reforzar la asistencia en cada distrito.

Un debate urgente sobre prioridades

El proyecto abre un debate de fondo sobre el rol del Estado en contextos de crisis. Según sus fundamentos, en situaciones de emergencia, garantizar la alimentación debe ser la prioridad absoluta por sobre cualquier otro tipo de gasto.

La iniciativa ahora deberá ser debatida en la Legislatura, en un contexto donde crece la preocupación social por el acceso a alimentos básicos.

De avanzar, podría convertirse en una herramienta clave para contener una crisis que, según advierten sus impulsores, ya alcanzó niveles “extremos” en la provincia más poblada del país.

ND