El diputado nacional Pablo Farías presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitarle al Poder Ejecutivo información detallada sobre la implementación del programa “Red Federal de Concesiones”, una iniciativa clave del Gobierno nacional para transferir al sector privado la operación y mantenimiento de tramos estratégicos de la red vial.
La iniciativa apunta a conocer en profundidad cómo se están llevando adelante las concesiones, cuáles son las condiciones contractuales y qué mecanismos de control se implementarán para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas adjudicatarias.
El proyecto también lleva la firma del diputado Esteban Paulón y se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de las rutas nacionales y el impacto de las políticas de infraestructura.
El pedido de informes contempla una batería de consultas dirigidas al Ministerio de Economía y a los organismos competentes. Entre los puntos más relevantes, se destacan:
Además, el proyecto solicita precisiones sobre los plazos de concesión —que podrían extenderse entre 20 y 30 años— y sobre la participación ciudadana en el diseño del esquema.
El programa “Red Federal de Concesiones” fue lanzado por el Gobierno nacional en 2025 como un nuevo esquema para modernizar la infraestructura vial mediante la participación del sector privado.
Según datos oficiales, el plan contempla la licitación de más de 9.100 kilómetros de rutas, distribuidos en 18 tramos que concentran aproximadamente el 80% del tránsito del país. Se trata de corredores clave para el transporte de cargas, la conexión entre regiones y la actividad económica.
El esquema se organiza en cuatro etapas (I, II-A, II-B y III), en las cuales las empresas concesionarias asumen tareas que incluyen:
La Etapa I ya fue adjudicada e incluye corredores en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, además de la conexión Rosario–Victoria.
Uno de los ejes centrales del proyecto de Farías es la preocupación por el deterioro de la red vial nacional. Según informes citados en los fundamentos, más del 60% de las rutas se encuentra en estado regular o malo.
Incluso datos oficiales parciales indican que menos de la mitad de la red fue evaluada recientemente, lo que genera incertidumbre sobre la situación real de miles de kilómetros de rutas.
En este contexto, el legislador santafecino advierte sobre:
También se mencionan fallos judiciales que obligaron al Estado a intervenir en tramos críticos, lo que evidencia falencias estructurales en la gestión vial.

Si bien el proyecto reconoce que la participación privada puede contribuir a mejorar la infraestructura, Farías plantea la necesidad de garantizar que el Estado mantenga un rol central en la planificación y el control.
Entre las principales preocupaciones se destacan:
Asimismo, se advierte sobre dificultades en la implementación inicial del programa, como problemas para cerrar esquemas de financiamiento, obtener seguros y formalizar estructuras empresariales.
El proyecto subraya que la red vial nacional es una infraestructura crítica para el desarrollo del país, ya que permite la circulación de bienes y personas, la integración territorial, la competitividad productiva y la reducción de costos logísticos.
En particular, impacta directamente en sectores como el agro, la industria y el turismo.
Por eso, el diputado insiste en que su gestión no puede ser delegada completamente al sector privado sin controles rigurosos, transparencia y planificación a largo plazo.