Milei, SEDRONAR y el ultimátum de Tolosa Paz que pide respuestas en 15 días

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir al Poder Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento de las políticas públicas de prevención, asistencia y tratamiento de las adicciones en la Argentina.

La iniciativa solicita que, en un plazo de 15 días, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y el Ministerio de Salud informen sobre recursos humanos, dispositivos territoriales, financiamiento y convenios vigentes desde 2023 hasta marzo de 2026.

“El presente proyecto de resolución tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo Nacional información pormenorizada y actualizada sobre el funcionamiento de las políticas de abordaje de las adicciones en nuestro país”, señala la legisladora en los fundamentos.

Contexto: caída de recursos y aumento de la demanda social

El proyecto se enmarca en un escenario que, según Tolosa Paz, combina recortes presupuestarios con una creciente demanda en materia de salud pública.

De acuerdo con datos citados en la iniciativa, el presupuesto ejecutado por la SEDRONAR cayó de $92.446 millones en 2023 a $65.749 millones en 2024, con una leve recuperación en 2025 hasta los $72.158 millones, aunque todavía por debajo de los niveles iniciales.

“Se verificó una reducción real significativa en las partidas destinadas a SEDRONAR”, advierte el texto, que agrega que esta situación “evidencia una contracción real de la inversión estatal en materia de prevención, asistencia y tratamiento de las adicciones”.

La diputada peronista vincula este ajuste con “un contexto de profundización de vulnerabilidades sociales, aumento del consumo problemático de sustancias en sectores juveniles y persistencia de las adicciones como una de las principales causas de demanda”.

Críticas a la política de ajuste y desregulación

En los fundamentos, Tolosa Paz cuestiona el rumbo de la política estatal en distintas áreas y advierte sobre el impacto de medidas de ajuste.

“Todo ello realizado de manera arbitraria e irreflexiva, sin que medien estudios evaluativos ni evidencia empírica que sostenga tales decisiones”, sostiene, en referencia a la reducción de estructuras estatales.

Además, enumera consecuencias en distintos ámbitos, desde problemas sanitarios hasta fallas administrativas, y menciona “la trágica secuencia de mala praxis regulatoria que culminó en la muerte de más de 100 compatriotas a causa de la crisis del fentanilo”.

Los seis ejes del pedido de informes

El proyecto detalla seis grandes bloques de información que el Gobierno deberá remitir al Congreso:

1. Evolución del personal en SEDRONAR

Se solicita información mensual desde 2023 sobre la cantidad de trabajadores del organismo, discriminada por:

• Modalidad de contratación
• Situación de revista
• Calificación laboral (profesional, técnica, operativa o no calificada)

El objetivo es determinar si hubo despidos, precarización o reducción de capacidades operativas.

2. Personal en situación de disponibilidad

El proyecto requiere datos sobre la cantidad de empleados en situación de disponibilidad al 31 de marzo de 2026, segmentados por calificación laboral.

Esto permitiría detectar “eventuales procesos de desmantelamiento encubierto del acervo y la memoria institucional”.

3. Dispositivos de Tratamiento en la Comunidad (DTC)

Uno de los puntos centrales es el estado de los DTC, clave para la atención territorial. Se pide:

• Cantidad de dispositivos por provincia y municipio
• Montos transferidos mensualmente desde 2023
• Número de personas asistidas por dispositivo

Tolosa Paz advierte que una reducción en estos espacios implicaría “una pérdida directa de accesibilidad territorial para miles de personas y sus familias”.

4. Centros Convivenciales en la Comunidad (CCC)

El proyecto también solicita un relevamiento completo de los CCC, incluyendo:

• Listado por provincia y municipio
• Transferencias mensuales
• Personas asistidas mes a mes desde 2023

Estos centros son definidos como “espacios fundamentales para la inclusión social y la rehabilitación con perspectiva comunitaria”.

5. Casas de Acompañamiento Comunitario (CAAC)

Otro eje clave es la situación de las CAAC, donde se pide:

• Listado territorial completo
• Montos transferidos desde 2023
• Cantidad de personas asistidas mensualmente

El objetivo es evaluar la continuidad y el alcance de estos dispositivos en todo el país.

6. Convenios con instituciones

Finalmente, se requiere información sobre los convenios firmados en el marco del programa de instituciones conveniadas:

• Evolución mensual de acuerdos desde 2023
• Listado detallado por año
• Nombre y CUIT de las organizaciones
• Tipo de entidad (pública, privada o sociedad civil)
• Montos y plazos de vigencia

La diputada advierte que “muchas de las cuales han denunciado informalmente demoras o falta de actualización en las transferencias”.

Impacto federal y preocupación por desigualdades

Uno de los focos del proyecto es analizar cómo se distribuyen los recursos en el territorio. Según Tolosa Paz, la información solicitada permitirá evaluar si los recortes fueron aplicados de manera equitativa.

“Permitirá evaluar si la reducción presupuestaria ha sido absorbida con criterios de equidad federal o si, por el contrario, ha profundizado las asimetrías regionales”, señala.

Incluso, advierte la posibilidad de que las políticas hayan afectado más a determinadas jurisdicciones: “o, lo que es peor, ha procurado castigar a las provincias con gobiernos de fuerzas opositoras”.