Actualidad
21/04/2026 - Edición Nº1169
Política
Enviada al Senado
90 días para el trámite o baja: qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
20/04/2026 | El Gobierno envió al Senado la ley "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez": los detalles del proyecto.
El Gobierno impulsa un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones por invalidez para detectar presuntos fraudes.
El Gobierno envió al Senado la ley "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". Propone un reempadronamiento obligatorio, la El Poder Ejecutivo ingresó este lunes al Senado de la Nación un proyecto de ley que busca transformar de raíz el sistema de asistencia para personas con discapacidad en Argentina. Bajo el título "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", la iniciativa firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, establece un esquema de control estricto que obliga a todos los beneficiarios actuales a realizar un nuevo trámite de validación para no perder sus ingresos.
El eje central del proyecto es la revisión de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral. El Gobierno argumenta que existe una "inevitable sospecha" sobre el otorgamiento de estos beneficios debido a un crecimiento que califican de "exponencial": según las cifras oficiales que acompañan el texto, el padrón pasó de 76.000 pensiones en el año 2003 a más de 1.200.000 en 2023.
Ante este escenario, la nueva normativa no solo endurece los requisitos médicos y socioeconómicos, sino que introduce cambios que afectan la inserción laboral de las personas con discapacidad y el financiamiento de sus terapias. Organizaciones del sector y colectivos de familias ya anunciaron un cese de actividades y una movilización para este miércoles a las 11:00 horas frente al Ministerio de Salud.
El reempadronamiento obligatorio: cómo evitar la suspensión del cobro
Si el Congreso aprueba el proyecto, se activará un reloj de 90 días para que todos los titulares de una pensión por invalidez actualicen su información. Este trámite de reempadronamiento será obligatorio y tendrá carácter de declaración jurada, incluyendo datos personales, antecedentes laborales y una nueva acreditación de la condición médica.
El texto es taxativo respecto a los plazos: "El incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión automática y posterior baja del beneficio". Si el beneficiario no realiza el trámite en los primeros 90 días (que pueden prorrogarse por 30 más), dejará de cobrar. Si pasan otros 60 días sin regularizar la situación, el Estado procederá a la baja definitiva de la pensión mediante un acto administrativo.
Para cruzar estos datos, el Estado utilizará información de la ANSES, la flamante agencia ARCA (ex AFIP) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Esto permitirá detectar de forma automática si un beneficiario posee bienes o ingresos que el Gobierno considere incompatibles con la ayuda estatal.
Trabajo o pensión: la nueva "incompatibilidad absoluta" para el empleo formal
Uno de los puntos más sensibles para quienes hoy intentan integrarse al mercado laboral es la modificación de los criterios de compatibilidad. Hasta ahora, la legislación permitía que una persona con discapacidad pudiera trabajar de forma registrada siempre y cuando su salario no superara ciertos límites (generalmente dos salarios mínimos), permitiendo complementar el ingreso de la pensión con el sueldo.
El nuevo proyecto de ley elimina esta posibilidad y establece la "incompatibilidad absoluta". Esto significa que cualquier persona que acceda a un trabajo en blanco o se inscriba en regímenes tributarios como el Monotributo perdería automáticamente la pensión. "Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones", advierten los especialistas en derecho previsional.
Además, el proyecto deroga incentivos fiscales para empresas que contraten personas con discapacidad y suprime programas de reconocimiento para empleadores inclusivos, lo que para las organizaciones del sector representa un "retroceso de décadas" en materia de inclusión social.
Fin del precio único: qué pasa con las terapias y las obras sociales
El proyecto de ley propone eliminar el llamado Nomenclador Nacional, que es el listado de precios únicos que el Estado fija para las prestaciones de discapacidad (centros de día, transporte, kinesiología, entre otros). Actualmente, este nomenclador garantiza que un profesional cobre lo mismo por su trabajo sin importar si el paciente tiene una prepaga cara o una obra social pequeña.
La nueva propuesta busca desregular estos valores. De aprobarse, cada obra social o prepaga podrá negociar individualmente con los prestadores cuánto pagar por cada sesión o tratamiento. "Es una pantalla para terminar de destruir el sistema; el que tenga una buena prepaga podrá recibir el tratamiento y el que no, que Dios lo ayude", criticó Carlos Scipione, presidente de la Federación de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS).
Este cambio también afecta al Fondo Solidario de Redistribución, que hoy ayuda a las obras sociales con menos recursos a cubrir los altos costos de los tratamientos. Al eliminar los aranceles homogéneos, el sistema tiende a fragmentarse, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos en las instituciones que dependen exclusivamente de los pagos del Estado.
El argumento oficial: la lucha contra el "fraude" y el gasto público
Para el Gobierno, la prioridad es la sostenibilidad fiscal y la transparencia. En la exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que la cantidad de beneficios otorgados "no tiene correlación con la realidad demográfica ni sanitaria del país". Según el ministro de Salud, Mario Lugones, la ley anterior flexibilizó condiciones "sin tener en consideración los recursos públicos disponibles".
El proyecto fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio (aproximadamente 275.000 pesos a valores actuales), pero elimina la facultad de otorgar aumentos adicionales por "zona geográfica desfavorable" o por "grado de invalidez". Con esto, la administración de Milei busca unificar el gasto y centralizar el control auditando cada caso de forma "quirúrgica".
Diciembre 2025: el fallo judicial que el Gobierno apeló
La urgencia por enviar esta nueva ley responde a un conflicto judicial que escaló a finales del año pasado. En diciembre de 2025, la Justicia Federal rechazó los argumentos del Gobierno y le ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad que había sido ratificada por el Congreso.
El Ejecutivo se había negado a implementarla argumentando que la norma no especificaba de dónde saldrían los fondos para financiar las mejoras. Sin embargo, el fallo judicial determinó que el Estado no puede evadir sus obligaciones asistenciales por cuestiones presupuestarias. Al enviar un nuevo proyecto al Senado, el oficialismo busca ganar tiempo y reemplazar la ley que hoy la Justicia lo obliga a cumplir por una mucho más restrictiva.
El escándalo de la ANDIS: coimas, grabaciones y disolución del organismo
El contexto de esta reforma está marcado por la crisis institucional que rodeó a la desaparecida Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En agosto de 2025, el presidente Milei desplazó a su director, Diego Spagnuolo, luego de que estallara una causa judicial por presuntos pedidos de coimas a prestadores y farmacéuticas.
La investigación, a cargo del fiscal Franco Piccardi, incluyó audios donde se mencionaba un esquema de retornos de dinero y se nombraba a figuras del entorno presidencial como Karina Milei. Tras el escándalo, el Gobierno decidió disolver la ANDIS y traspasar todas sus funciones al Ministerio de Salud.
TM
