La curiosa escena en la puerta de los Tribunales de San Luis llamó la atención de todos: una mujer policía encadenada, con un reclamo concreto y urgente. Luciana Sánchez, integrante del DRIM, decidió exponerse para exigir la liberación de su esposo, el agente Matías Raúl Escudero, detenido en una causa que investiga una presunta agresión.
“Quiero a mi marido afuera”, repitió durante la protesta, en la que denunció irregularidades en el proceso judicial. Según su versión, Escudero fue detenido sin haber tenido acceso pleno a su derecho de defensa. “No le dieron derecho a defensa en absoluto”, aseguró.
De acuerdo a su relato, la familia fue convocada inicialmente para prestar declaración y, una vez en el juzgado, debieron buscar un abogado de manera improvisada. En ese contexto, el letrado Alfredo García Garro habría asumido la defensa tras ser notificado en los pasillos, aunque luego se apartó del caso. Este lunes, el abogado Ángel Ávila se acercó para ofrecer asistencia legal.
La mujer también apuntó contra la investigación y la recolección de pruebas. “Busquen pruebas, está todo allí”, sostuvo, y afirmó que su esposo “es inocente”. En esa línea, aseguró que Escudero presentaba lesiones que, según denunció, no fueron incorporadas al expediente.
El reclamo se mantuvo durante varias horas frente al Poder Judicial, acompañado por familiares, y no descartó que se sumen más allegados si no hay respuestas. “Estoy sola. Estamos solos con mi bebé”, expresó, en referencia a la hija de nueve meses que tiene con el acusado.
Durante la mañana, el vicejefe de Policía, Néstor Miranda, se acercó al lugar para dialogar con Sánchez e interiorizarse de la situación. Según trascendió, le manifestó que la institución la acompañaría, aunque aclaró que las decisiones sobre la detención dependen exclusivamente de la Justicia.
El caso que derivó en la detención de Escudero ocurrió el jueves 9 de abril por la noche, en el barrio 292 Viviendas, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Según la fiscal Débora Roy Gitto, la víctima, Brian Arévalo (33), caminaba con su hijo de un año y medio y un amigo cuando un grupo de motoristas pasó a alta velocidad.

Siempre de acuerdo a la acusación, Arévalo les pidió que disminuyeran la marcha, lo que motivó que los efectivos se detuvieran. En ese contexto, Escudero habría actuado de manera “abusiva e ilegítima”, lo redujo y le propinó golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo.
Con el agente detenido y la investigación en curso, el caso quedó atravesado por dos versiones opuestas: la de la fiscalía, que sostiene la existencia de una agresión, y la de la familia, que denuncia un proceso irregular y reclama su inmediata liberación.