Desarme y amnistía penal: qué plan de Néstor Kirchner quiere reactivar el Senado

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para reactivar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), una política pública creada en 2006 que apunta a reducir la circulación de armas en la sociedad civil.

La iniciativa propone extender su vigencia desde el 1° de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El proyecto llega en un contexto de debate sobre seguridad, acceso a armas y políticas de prevención de la violencia, tras el vencimiento del programa a fines de 2023.

Qué propone el proyecto de ley

La iniciativa es concreta: establece un nuevo plazo de ejecución del programa de desarme voluntario, que había quedado sin vigencia al no prorrogarse su funcionamiento después de 2023.

El texto busca reactivar una herramienta que, según se argumenta en los fundamentos, demostró eficacia en la reducción de armas en circulación y en la prevención de hechos violentos.

Qué es la ley de 2006 y cómo funcionaba el programa

El PEVAF fue creado por la Ley 26.216 en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el objetivo de disminuir la proliferación de armas de fuego y sus consecuencias en la sociedad.

El programa tiene características clave:

• Entrega voluntaria y anónima de armas y municiones
• Incentivos económicos para quienes entregan armamento
• Amnistía penal para la tenencia ilegal en el marco de la entrega
• Destrucción inmediata del material recibido

Su finalidad es reducir accidentes, delitos y hechos de violencia vinculados al uso de armas, además de promover una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Impacto del plan de desarme en Argentina

Según datos citados en el proyecto, desde su implementación el programa logró:

• La entrega de alrededor de 210.000 armas de fuego
• Más de 2 millones de municiones recolectadas
• La destrucción de unas 170.000 armas
• Un total acumulado de 450.000 armas destruidas junto con otras políticas estatales

Además, la iniciativa fue reconocida internacionalmente: en 2013 recibió un premio de la Organización de Naciones Unidas por su contribución a la reducción de la violencia armada.

Por qué perdió vigencia y qué cambió en los últimos años

El programa no es permanente, sino que depende de prórrogas legislativas periódicas. La última extensión fue aprobada en 2022, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Al no renovarse, quedó inactivo.

En los fundamentos del proyecto, se cuestionan decisiones recientes del Poder Ejecutivo que, según la autora, implicaron un retroceso en las políticas de control de armas:

• Reducción de la edad mínima para la tenencia
• Flexibilización del acceso a armas semiautomáticas
• Caída de controles e inspecciones
• Eliminación de programas educativos y preventivos
• Cambios en la estructura y funciones del organismo de control

Estas medidas, sostiene el texto, debilitaron la estrategia de prevención de la violencia armada.

El debate de fondo: seguridad, violencia y rol del Estado

El proyecto también introduce una discusión más amplia. Si bien reconoce que en los últimos años hubo una baja en la tasa de homicidios, advierte que eso no implica una disminución general de la violencia.

En ese marco, el desarme voluntario no es presentado como una solución total, sino como una herramienta concreta para reducir riesgos y la letalidad de los conflictos.

Así, el objetivo central del proyecto es volver a poner en marcha una política pública que disminuya la cantidad de armas en circulación, reduzca accidentes y hechos violentos y proteja a los sectores más vulnerables

En términos políticos, la iniciativa plantea una disyuntiva: si el Estado debe asumir un rol activo en la regulación de la violencia o retirarse de ese campo.