Un grupo de senadores peronistas encabezados por Martín Soria presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) durante un año, con el objetivo de garantizar prestaciones médicas, regularizar deudas y recomponer el funcionamiento del sistema.
La iniciativa plantea un paquete integral de medidas ante lo que describen como un “grave deterioro” del organismo que brinda cobertura a millones de jubilados en todo el país.
El eje central del proyecto es la declaración de emergencia sanitaria, salarial, prestacional y financiera del PAMI por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga.
Esta herramienta permitiría acelerar decisiones administrativas y asignación de recursos para enfrentar la crisis que, según los autores, afecta directamente la atención de los afiliados.
Uno de los puntos clave es la obligación de garantizar de manera inmediata y continua la cobertura integral en todo el territorio nacional.
El proyecto enumera prestaciones prioritarias:
Además, establece que no podrán interrumpirse servicios por razones presupuestarias, obligando al Estado a asegurar su continuidad.

La iniciativa también apunta a corregir el desfasaje entre costos del sistema de salud y pagos del PAMI.
Entre las medidas propuestas:
En los fundamentos se advierte que “los aranceles han sufrido una depreciación del 70% en términos reales frente a la inflación”, lo que generó una “asfixia financiera” para clínicas y profesionales.

El proyecto establece un esquema urgente para saldar deudas con clínicas, médicos y farmacias:
Durante ese período, los prestadores no podrán suspender la atención a afiliados por falta de pago.
PAMI NO ESTÁ EN CRISIS, SE ESTÁ ORDENANDO pic.twitter.com/PBoZi5O1G8
— PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) April 15, 2026
La propuesta incluye la creación de una partida extraordinaria de 500.000 millones de pesos, destinada a pago de salarios, cancelación de deudas y sostenimiento de la red de servicios.
Además, prevé actualizaciones automáticas del presupuesto en función de la inflación, tanto de manera inicial como bimestral durante 2026.
En tanto, el proyecto incorpora mecanismos de control institucional. Por ejemplo, solicita a la Auditoría General de la Nación un informe integral en 30 días y habilita una eventual intervención del PAMI si se verifica un deterioro grave. La intervención debería ser aprobada por el Senado con mayoría especial.
En los fundamentos, los senadores sostienen que la crisis se profundizó desde diciembre de 2023, con políticas que generaron desfinanciamiento del sistema, retrasos en pagos a prestadores y caída en la calidad de atención.
Señalan que algunos profesionales pasaron de cobrar “$2.100.000 a $1.400.000 mensuales”, lo que podría derivar en un éxodo de médicos y afectar el primer nivel de atención.
Por otro lado, el proyecto también advierte sobre el impacto en el acceso a medicamentos. Según el texto, esta combinación “genera interrupciones en tratamientos y mayores dificultades de acceso”, especialmente en pacientes crónicos.
La iniciativa describe situaciones críticas en distintas áreas:
También menciona una deuda acumulada del PAMI cercana a los $500.000 millones, que compromete la operatividad del sistema.