El bloque del peronismo en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en la Argentina, en un intento por aliviar la situación crítica que atraviesa el sector.
La iniciativa establece un paquete integral de medidas orientadas a sostener la actividad económica, preservar el empleo y reducir el impacto de los costos operativos en un contexto de alta presión inflacionaria y caída del consumo.
La medida tendría una vigencia inicial de 365 días, con posibilidad de prórroga por igual período si persisten las causas que la motivaron. Según el texto, esa extensión deberá basarse en informes técnicos y en la evaluación de organismos competentes.
Además, se define que la normativa alcanzará a empresas con certificado MiPyME, incluyendo sectores industriales, comerciales, de servicios, construcción y agroindustria, así como cooperativas y empresas recuperadas.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el capítulo tarifario. Allí se establece que, desde marzo de 2025 y mientras dure la emergencia, los aumentos en servicios públicos se reducirán en un 50% para las empresas alcanzadas.
En la fundamentación se sostiene que el costo energético se convirtió en un factor crítico para la supervivencia de las PyMEs, afectando su competitividad y sostenibilidad.
Asimismo, se dispone la prohibición de cortes de suministro por falta de pago, al señalar que el Estado deberá garantizar que las prestatarias “se abstengan de efectuar cortes en el suministro” durante el período de emergencia.
El proyecto también incorpora medidas laborales orientadas a incentivar la contratación y evitar despidos.
En ese sentido, propone que las empresas que mantengan su plantilla y generen nuevos puestos de trabajo accedan a una reducción del 50% en las contribuciones al sistema previsional por cada nuevo trabajador incorporado.
El texto aclara que estos beneficios no podrán afectar los derechos de los trabajadores ni las prestaciones del sistema de seguridad social.

El proyecto establece una regulación específica para la exhibición de productos en grandes superficies comerciales, con el objetivo de garantizar mayor equidad para las pequeñas y medianas empresas.
En ese sentido, propone que las góndolas de supermercados reserven un porcentaje obligatorio del espacio para productos de origen PyME, cooperativo y regional, buscando equilibrar la concentración que existe en favor de grandes marcas y proveedores dominantes. Sería un 30% como mínimo.
Asimismo, “ningún proveedor individual o grupo empresarial podrá ocupar más del 30 % del espacio en góndolas y exhibidores que comparte con productos de similares características”.

En paralelo, el proyecto plantea la eliminación de retenciones para las exportaciones realizadas por las micro, pequeñas y medianas empresas.
El objetivo es mejorar su competitividad en mercados internacionales y fomentar la generación de divisas, en un contexto donde muchas PyMEs encuentran dificultades para sostener su inserción exportadora debido a la carga tributaria.
Es “en tanto no realicen giro de utilidades o pago de honorarios al exterior, ni otorguen préstamos a otras empresas, unidades de negocio o casa matriz, radicadas en el exterior”.
Otro de los ejes centrales es la devolución del IVA a consumidores que realicen sus compras en comercios minoristas, “por el 25 % del IVA tributado en productos de primera necesidad. El plazo de devolución no podrá ser superior a los 60 días contados desde el perfeccionamiento de la compra. El monto del beneficio aquí establecido será determinado en forma anual por la ley de presupuesto general de la administración nacional y no podrá ser inferior al 0,02 % del PIB”.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores peronistas advierten sobre el deterioro de la situación de las pequeñas y medianas empresas.
Señalan que el escenario actual presenta “condiciones adversas que comprometen la continuidad de las unidades productivas”, y que la falta de herramientas específicas agrava el impacto de la crisis.
En esa línea, sostienen que resulta necesario implementar medidas urgentes que permitan “preservar el entramado productivo nacional y sostener el empleo”, especialmente en los sectores más vulnerables.