La tensión entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. El gobernador Axel Kicillof se presentó ante la Corte Suprema para avanzar con uno de los ocho reclamos que mantiene contra el Estado nacional, mientras el oficialismo libertario endurece su estrategia política en la Legislatura bonaerense.

El eje del conflicto es económico. Desde la Gobernación aseguran que la Nación adeuda más de $681.000 millones en transferencias y programas recortados tras la llegada de Javier Milei. La disputa incluye fondos previsionales, subsidios al transporte, partidas educativas y recursos para políticas sociales.
La ofensiva judicial se da en paralelo a un escenario de ajuste fiscal que impacta en todas las provincias, con caída de la recaudación y menor coparticipación. En La Plata advierten que la “motosierra” también golpea las cuentas bonaerenses.
Del otro lado, La Libertad Avanza activó un frente legislativo para presionar a la gestión provincial. El bloque que responde al armador Sebastián Pareja, con el senador Carlos Curestis como una de sus caras visibles, presentó pedidos de informes sobre el programa alimentario MESA.

El foco está puesto en una eventual reducción o reformulación del esquema de asistencia. Desde el espacio libertario exigen precisiones sobre beneficiarios, financiamiento y continuidad, y advierten sobre el impacto en los sectores más vulnerables.
En paralelo, también avanzaron con iniciativas para auditar el funcionamiento de IOMA, la obra social bonaerense, en medio de denuncias por deudas y fallas en la prestación de servicios.
La disputa escaló además al terreno político con el cruce entre el ministro bonaerense Andrés Larroque y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, por fondos del Servicio Alimentario Escolar. Nación rechaza la deuda y sostiene que la responsabilidad es provincial.
Detrás del conflicto técnico hay una pelea de fondo: quién financia la política social en un contexto de ajuste. Mientras la Provincia busca sostener programas, la Nación endurece su postura fiscal y rechaza nuevos compromisos.
Con demandas cruzadas, presión legislativa y causas en la Corte, la relación entre Kicillof y Milei entra en una fase más áspera. Ya no es solo un desacuerdo económico: es una disputa política abierta con impacto directo en la gestión y en el bolsillo de millones de bonaerenses.