Volver al Trabajo revive: qué pasará con los 900 mil beneficiarios

En un fallo de alto impacto social y político, el Juzgado Federal de Campana dictó este martes una medida cautelar que paraliza la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo. La resolución judicial representa un duro revés para la estrategia del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y devuelve la certidumbre a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que dependen de esta asignación para su subsistencia diaria.

La decisión del magistrado Adrián González Charvay se conoció este 21 de abril y establece un plazo perentorio para que el Estado regularice la situación de los fondos. Ante la inminencia del cese del programa, que estaba previsto para el mes de mayo, la Justicia determinó que el Ministerio de Capital Humano debe mantener la vigencia de las prestaciones económicas de $78.000 que percibían los 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo en un plazo de tres días de notificada la resolución.

¿Qué pasará ahora con los beneficiarios del Volver al Trabajo?

Tras la orden judicial, el Gobierno se encuentra obligado a sostener el esquema de pagos mensuales hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El fallo de González Charvay advierte que si el Estado no acompaña las constancias de cumplimiento dentro de las próximas 72 horas, se aplicarán multas diarias (astreintes) por cada día de retraso.

Este escenario obliga a la cartera de Pettovello a redefinir el rumbo de la asistencia social en este segmento. Hasta el momento, la intención oficial era el pase automático al programa "Formando Capital Humano", que ofrece acceso a más de 4.300 cursos pero eliminaba la contraprestación monetaria. Con este fallo, el cobro de los $78.000 recupera su vigencia legal, protegiendo un ingreso que los demandantes definieron como "su principal o único sostén".

Los argumentos del juez: por qué un voucher no reemplaza a la comida

El fundamento central del magistrado para frenar la medida oficial radica en la naturaleza de la prestación. Para la Justicia, el corte abrupto del pago compromete derechos constitucionales básicos como la alimentación, la salud y la seguridad social de sectores en extrema vulnerabilidad.

El juez González Charvay fue contundente al analizar el sistema de reemplazo que pretendía implementar el Ejecutivo: “La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían”. Además, el magistrado recordó que el Estado Argentino adhirió a las "100 Reglas de Brasilia", que obligan al sistema judicial a ser un instrumento de defensa efectiva para las personas pobres y vulnerables.

El amparo colectivo: quiénes lograron frenar el ajuste de Pettovello

La causa judicial, caratulada como "Ledesma, Andrea Liliana y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Capital Humano s/ Amparo Colectivo", fue impulsada por un grupo de cinco trabajadores de la economía popular: Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón.Los amparistas describieron realidades críticas que el juez tomó en cuenta para dictar la cautelar:

• Andrea Ledesma: trabaja en un comedor comunitario y sufre problemas respiratorios crónicos; aseguró que sin el plan no puede acceder a su medicación.
• Rodrigo Esquivel: se desempeña como cartonero y relató que la prestación fue la herramienta que le permitió "reconstruir su vida" tras atravesar consumos problemáticos.
• Agustina Pérez: manifestó que el ingreso, aunque sea bajo, le permite "garantizar un plato de comida más al mes".

El fin del programa: la decisión de Capital Humano que detonó el conflicto

El conflicto se originó el pasado 7 de abril, cuando el Ministerio de Capital Humano anunció oficialmente a través de sus canales de comunicación que el programa Volver al Trabajo (VAT) finalizaría el 9 de abril de 2026. Según la Resolución 84/2024, el programa debía tener una vigencia de 24 meses, pero el Gobierno decidió acelerar su cierre para priorizar un modelo basado únicamente en la formación profesional.

Este anuncio generó una ola de protestas de organizaciones sociales nucleadas en la UTEP y el Frente de Lucha Piquetero, que denunciaron que la medida empujaba a miles de familias a la indigencia. El monto de la prestación, congelado en $78.000 desde diciembre de 2023, ya había perdido casi el 68% de su poder adquisitivo real debido a la inflación acumulada durante la gestión de Javier Milei.

El contexto social: la paradoja de los planes en la era Milei

El fallo judicial se inscribe en un contexto de profunda fragilidad social. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el conjunto de prestaciones asistenciales, como la AUH y la Tarjeta Alimentar, son cruciales para que más de 2,6 millones de personas no caigan bajo la línea de indigencia.

La paradoja del modelo libertario reside en que, mientras se ajustaron programas como el Potenciar Trabajo (con un recorte real cercano al 60%), la inversión en la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 13,8% real para actuar como "ancla de estabilidad social". Sin embargo, la Justicia comenzó a marcar límites al ajuste sobre los adultos y jóvenes integrados en cooperativas, considerando que el derecho a la seguridad social debe regirse por el principio de "no regresividad".

TM