Kicillof vs. Milei: la fecha de la Corte por los $2 billones de los jubilados

En un giro determinante para las finanzas de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció este martes un plazo perentorio para que la gestión de Javier Milei resuelva el conflicto por los fondos jubilatorios adeudados. Durante la segunda audiencia de mediación, el Gobierno nacional abandonó la postura de la "auditoría permanente" y aceptó comprometerse a un régimen de cobertura para el déficit previsional bonaerense.

La decisión del máximo tribunal fija el próximo 10 de junio como la fecha límite para que la ANSES presente un esquema de pago detallado. Se trata de un reclamo por $2,2 billones que el gobernador Axel Kicillof considera vitales para sostener el sistema previsional de la provincia más poblada del país.

Cuenta regresiva: el Gobierno nacional tiene 50 días para pagar la deuda

La audiencia de este mediodía en el Palacio de Tribunales marcó el inicio de una cuenta regresiva para el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Según confirmó el gobernador Axel Kicillof al finalizar el encuentro, el próximo 10 de junio la Nación “hará una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir”.

A diferencia de encuentros anteriores, donde los representantes del Ejecutivo nacional argumentaron que no contaban con datos suficientes para estimar la deuda, en esta oportunidad los funcionarios de ANSES y Hacienda reconocieron la necesidad de establecer un mecanismo de transferencia. “Es un avance concreto; la Nación aceptó que tenía que comprometerse a un régimen de cobertura”, subrayaron fuentes de la Gobernación bonaerense tras la salida del edificio de la Corte.

El impacto en el IPS: ¿qué significa la cifra de $2,2 billones para Buenos Aires?

Para entender la magnitud del conflicto sin ser experto en política, hay que mirar el Instituto de Previsión Social (IPS). Este es el organismo que paga las jubilaciones a los empleados públicos bonaerenses (maestros, policías, médicos, administrativos). Como Buenos Aires no pasó su caja de jubilados a la Nación en la década del 90, la ley obliga al Gobierno nacional a cubrir el déficit de ese sistema.

El monto de la deuda, que hoy alcanza los $2,2 billones, se compone de varios ítems acumulados:

• Anticipos adeudados por la Nación desde ejercicios anteriores.
• Actualización de los pagos realizados en 2023, que se liquidaron con valores de 2018.
• Diferencias de fondos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.

La falta total de transferencias en lo que va del año 2024.

Kicillof puso en perspectiva el peso de esta deuda: “Tenemos un presupuesto de $44 billones; la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto”. En la práctica, esto significa que el dinero que la Nación no envía es equivalente a todo lo que la Provincia necesita para funcionar durante cuatro meses.

El origen del conflicto: por qué Milei cortó los fondos con el DNU 280

El detonante jurídico de esta pelea fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280, firmado por el presidente Javier Milei en marzo de 2024. Mediante este decreto, el Gobierno nacional suspendió de forma unilateral las transferencias que la ANSES debía realizar mensualmente a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias.

La administración bonaerense cuestionó ante la Corte la constitucionalidad de esta medida, alegando que posee una “orfandad de fundamentos”. Además, denunciaron un trato discriminatorio: de las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Buenos Aires, sin embargo, permaneció bloqueada financieramente hasta esta intervención judicial.

“Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia; nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó Kicillof tras la audiencia.

Mapa de la crisis: los otros siete reclamos de Kicillof ante la Corte Suprema

La deuda del IPS es solo la punta del iceberg de un conflicto financiero mucho mayor entre La Plata y la Casa Rosada. El ministro de Economía provincial, Pablo López, detalló que el conjunto de demandas contra el gobierno de Milei supera los $15 billones.

Los procesos judiciales en trámite incluyen reclamos por:

• Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI): dinero destinado a la seguridad y salarios policiales.
• FONID: el fondo que pagaba una parte del sueldo de los docentes.
• Transporte: recortes en el Fondo Compensador y el sistema de boleto integrado (SUBE).
• Medicamentos y Alimentos: Kicillof denunció que se cortó la ayuda del Plan Remediar y fondos para comedores escolares.

“Cortaron la ayuda que tenía que ver con medicamentos, ¿dónde va toda esa gente? A la provincia y los municipios”, cuestionó el gobernador. Ante este escenario, la Provincia anunció por su cuenta un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y un incremento del 25% en programas sociales para intentar amortiguar el impacto de la recesión nacional.

La próxima cita clave será el 10 de junio. Ese día, la Nación deberá pasar de las palabras a los números y proponer cómo devolverá los recursos que pertenecen a los 17 millones de bonaerenses.

TM