El punto débil: la declaración que puede desnudar la operación inmobiliaria

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma este miércoles una declaración clave. Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento en Caballito y señalado como pieza central en la negociación.

El fiscal Gerardo Pollicita busca esclarecer cómo se cerró la operación: desde el estado real del inmueble hasta el precio final y las condiciones de financiamiento. La atención está puesta en posibles inconsistencias entre el valor de mercado y el monto declarado.

Según el expediente, la propiedad fue comprada por las vendedoras en unos 200 mil dólares y luego transferida a Adorni por 230 mil. El acuerdo incluyó un adelanto de 30 mil y el resto financiado sin interés, una modalidad poco habitual que despertó sospechas en la investigación.

Precios en duda y circuito bajo la lupa

La declaración de Feijoo podría aportar detalles clave sobre la negociación y el rol de cada parte. La escribana interviniente habló de un vínculo de confianza que habría facilitado las condiciones del acuerdo, aunque ese argumento no termina de cerrar para la fiscalía.

A esto se suma el testimonio de los martilleros Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, quienes aseguraron haber tasado el inmueble en 345 mil dólares, muy por encima del valor de venta. También señalaron que los involucrados se presentaban como inversores dedicados al “flipping” inmobiliario.

En paralelo, la investigación se amplía al patrimonio general del funcionario. El fiscal analiza gastos y movimientos, incluyendo viajes al exterior a destinos como Aruba, Cancún y Nueva York, para determinar si son compatibles con los ingresos declarados.

Para eso, se solicitaron informes a aerolíneas y agencias de turismo, con el objetivo de reconstruir cada operación: montos, fechas y formas de pago. La tarea quedó en manos de la División Antifraude de la Policía Federal.

Con múltiples líneas abiertas, la causa entra en una etapa clave. La Justicia busca determinar si hubo una simple operación inmobiliaria atípica o un esquema más amplio que no cierra con los números declarados.