Mundial 2026 y TV: por qué La Cámpora presentó un repudio que roza a Adorni

La diputada nacional de La Cámpora, Fernanda Díaz, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar el “más enérgico repudio” a la decisión del Poder Ejecutivo de no garantizar la transmisión libre, abierta y gratuita de todos los partidos del Copa Mundial de Fútbol 2026.

La iniciativa apunta a cuestionar el esquema de televisación previsto para el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, al considerar que limita el acceso de la población a un evento de alto impacto cultural y social.

Un reclamo por el acceso universal

En el texto del proyecto, Díaz advierte que la decisión oficial implica “restringir el acceso de millones de argentinos y argentinas a un evento de indudable interés público, cultural y social, consolidando un esquema de exclusión”.

Además, la diputada expresa su preocupación por el impacto en los sectores con menores recursos, al sostener que se estaría “vulnerando el derecho a la información previsto por el Título III Capítulo VII de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522)”.

El proyecto también plantea que el acceso a este tipo de contenidos debe ser entendido como un derecho cultural, no condicionado por la capacidad económica de los ciudadanos.

El fútbol como identidad cultural

En los fundamentos, la legisladora subraya el peso del fútbol en la vida social argentina. “El fútbol en la Argentina excede ampliamente el ámbito deportivo. Es una expresión cultural profundamente arraigada en nuestra identidad”, señala.

En esa línea, remarca que cada Copa del Mundo constituye un fenómeno colectivo: “Cada Mundial representa un momento de encuentro colectivo, de celebración popular y de construcción de identidad”.

Para Díaz, garantizar la transmisión abierta no es una cuestión secundaria, sino una política que impacta en la igualdad: “Garantizar el acceso libre y gratuito a estos eventos no es una cuestión accesoria ni secundaria, sino una decisión que impacta directamente en la igualdad de oportunidades”.

El antecedente de Fútbol para Todos

La diputada también recupera la experiencia del programa Fútbol para Todos como ejemplo de política pública orientada a democratizar el acceso al deporte.

“Aquella experiencia no sólo amplió derechos, sino que fortaleció el vínculo entre el Estado y la sociedad, reconociendo al fútbol como un bien cultural y no como una mercancía”, sostiene en los fundamentos.

Y agrega: “Fútbol para Todos significó mucho más que la televisación de partidos: implicó recuperar el fútbol para el conjunto de la sociedad, democratizar su acceso y reconocer su valor como herramienta de integración social”.

Críticas al rol del Estado y al mercado

Uno de los ejes centrales del proyecto es el cuestionamiento al cambio de paradigma en la política audiovisual. Según Díaz, la decisión actual “implica un retroceso en términos de derechos, dejando librado al mercado el acceso a un contenido que forma parte de la cultura popular”.

En ese sentido, advierte que “en la práctica, esto supone que sólo quienes puedan pagar podrán acceder a la totalidad de los partidos, generando una exclusión injustificada”.

La legisladora plantea así un debate de fondo: “Lo que está en discusión es el rol del Estado frente a la cultura popular: si debe garantizar derechos y promover la inclusión, o si debe retirarse y permitir que el acceso quede determinado por la capacidad económica de cada ciudadano”.

El contexto: transmisión limitada del Mundial 2026

El proyecto se inscribe en un escenario donde la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA) firmó un acuerdo con DirecTV y Torneos para retransmitir solo diez partidos del Mundial.

El convenio incluye todos los encuentros de la Selección argentina, pero reduce significativamente la cobertura respecto de ediciones anteriores. Además, establece restricciones operativas para la TV Pública, como la imposibilidad de incluir relatores propios o publicidad durante los partidos.

Según trascendió, la negociación fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el costo de los derechos rondaría los 4 millones de dólares, aunque no fue confirmado oficialmente.

Desde el Gobierno justifican la medida en la crisis financiera del canal estatal y la necesidad de reducir costos de producción.