El diputado nacional Bernardo Biella presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Salud Mental 26.657, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente y dar respuesta a lo que considera falencias estructurales en su implementación, especialmente en materia de internaciones, acceso al sistema y abordaje de adicciones.
La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente debate político y sanitario, con propuestas también impulsadas por el Gobierno nacional y sectores de la oposición, que buscan revisar los criterios actuales de intervención en salud mental.
En los fundamentos del proyecto, Biella Calvet sostiene que, si bien la ley sancionada en 2010 implicó un cambio de paradigma en términos de derechos humanos, su aplicación “no fue virtuosa” debido a problemas de articulación, falta de recursos humanos y limitaciones presupuestarias.
El texto advierte sobre un sistema desbordado, con demoras incompatibles con la urgencia de los casos: “Los servicios de salud mental están desbordados y las esperas se prolongan de manera incompatible con los requerimientos de una atención oportuna que puede evitar el deterioro progresivo de la salud”.
Además, el proyecto pone el foco en el crecimiento de los problemas de salud mental, especialmente entre jóvenes, y en la falta de especialistas en todo el país, con una distribución desigual de recursos.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación del artículo 20 de la ley, que regula las internaciones involuntarias.
Actualmente, la normativa establece criterios restrictivos, limitados a situaciones de riesgo cierto e inminente. La propuesta de Biella Calvet incorpora una nueva causal: la posibilidad de internar cuando esté comprometida la capacidad de discernimiento del paciente y la falta de intervención pueda derivar en un deterioro significativo de su salud.
En los fundamentos, el legislador explica que “la mirada está puesta sobre la persona, y su no internación puede implicar un abandono”, por lo que plantea habilitar este recurso en casos debidamente evaluados.
De este modo, sin eliminar el carácter excepcional de la internación, el proyecto amplía el margen de intervención del sistema de salud ante situaciones de riesgo no inmediato pero progresivo.
La iniciativa también introduce cambios en el artículo 4, incorporando un desarrollo más detallado sobre el tratamiento de las adicciones como parte de las políticas de salud mental.
Se propone un esquema escalonado que incluye prevención, intervenciones tempranas, tratamientos ambulatorios y, en casos necesarios, internaciones, con el objetivo de “controlar los riesgos y recuperar y sostener la capacidad de autodeterminación de la persona”.
El proyecto enfatiza un enfoque integral que combine abordajes médicos, psicológicos y sociales, alejándose de una visión exclusivamente farmacológica.
Otro punto relevante es la modificación del artículo 8, que refuerza el rol de los equipos interdisciplinarios y establece la obligación del Estado de garantizar recursos humanos adecuados en todo el territorio.
El texto subraya la necesidad de mejorar la formación, distribución y responsabilidad profesional dentro de estos equipos, ante la actual desigualdad en el acceso a especialistas.
El proyecto de Biella Calvet se suma a otras iniciativas en discusión que también buscan modificar los criterios de internación.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo mantiene el carácter excepcional de la internación, pero introduce mecanismos para agilizar su aplicación. Entre ellos, habilita al psiquiatra a indicar internaciones involuntarias en casos urgentes, con ratificación interdisciplinaria en 24 horas, y amplía el plazo de notificación judicial.
También contempla que una internación voluntaria pueda transformarse en involuntaria si el paciente solicita el alta pero se considera afectada su capacidad.
Además, reconoce las limitaciones para el cierre de hospitales psiquiátricos y propone fortalecer una red de atención diversificada.
VAMOS A REFORMAR LA LEY DE SALUD MENTAL.
— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) April 21, 2026
Porque la actual Ley es mala.
Porque es un reclamo de las familias que hoy no tienen herramientas para ayudar a un familiar.
Acá te cuento cuáles son los principales cambios. https://t.co/6yTkGYF5j4 pic.twitter.com/FpnmYY6b9k
Por su parte, el proyecto del PRO plantea una flexibilización más marcada, ampliando las causales de internación para incluir situaciones de deterioro progresivo y la falta de alternativas terapéuticas eficaces en el ámbito ambulatorio.
Según sus fundamentos, el requisito actual de riesgo inmediato “ha generado obstáculos para actuar preventivamente”, lo que terminaría agravando los cuadros clínicos.
En este contexto, la propuesta de Biella Calvet aparece como un punto intermedio:
El proyecto también reconoce las limitaciones del sistema actual, en línea con otros diagnósticos, y plantea la necesidad de fortalecer una red de atención que incluya hospitales generales, dispositivos ambulatorios y tratamientos especializados.
En ese sentido, establece que las internaciones deben realizarse en hospitales generales o dispositivos alternativos, garantizando recursos adecuados y evitando la discriminación en la atención.