Un grupo de diputados peronistas presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional de la industria del neumático y desplegar un paquete integral de medidas de protección.
La iniciativa, contenida en el texto oficial del proyecto, combina suba de aranceles, restricciones a importaciones, beneficios fiscales y un esquema de “compre nacional” obligatorio, en un intento por sostener la producción local y el empleo en el sector.
El debate se da en un contexto de fuerte tensión entre apertura económica y protección industrial, con empresas como FATE en el centro de la escena.
El texto propone declarar la emergencia pública en la industria del neumático por 24 meses, prorrogable por un período igual. La justificación es la “grave afectación” de variables clave:
A partir de esa declaración, se crea un Programa de Protección Nacional de la Industria del Neumático, con el objetivo de “preservar, recuperar y fortalecer” el sector.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el pedido de elevar el arancel externo para neumáticos al 35%, que es el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio.
Además, se impulsa incluir los neumáticos en la Lista Nacional de Excepciones del MERCOSUR y reforzar el esquema de protección frente a importaciones extrazona.
Este punto es central: implica un encarecimiento directo de los productos importados para favorecer la producción local.

El proyecto no se limita a los aranceles. También propone un endurecimiento del sistema de importaciones mediante:
Requisitos obligatorios
Licencias no automáticas
Controles aduaneros reforzados
Investigaciones por dumping
El proyecto insta a investigar importaciones, especialmente desde China, por posibles prácticas desleales.
Certificación y trazabilidad: nuevas exigencias técnicas
Otra medida clave es la creación de un sistema obligatorio de control sobre neumáticos importados:
Esto introduce una barrera técnica adicional para productos extranjeros.

Uno de los artículos más contundentes establece que todo el Sector Público Nacional deberá comprar prioritariamente neumáticos de producción nacional, siempre que haya oferta disponible.
Esto incluye organismos del Estado, empresas públicas y sociedades con participación estatal. Además, se invita a provincias y municipios a adherir al mismo esquema.
El proyecto también incorpora incentivos para las empresas del sector, tales como créditos subsidiados para capital de trabajo, inversión productiva y modernización tecnológica. Además, contempla beneficios fiscales como la amortización acelerada en Ganancias, la devolución anticipada de IVA y la reducción de contribuciones patronales.
El objetivo es mejorar la competitividad de las fábricas locales frente a las importaciones.
Aunque el proyecto tiene alcance general, el trasfondo incluye la situación de empresas como FATE, que enfrentaron conflictos y dificultades productivas.
El argumento central es que el neumático es un insumo estratégico para transporte, logística y producción.
“Defender la industria nacional del neumático no es proteger un interés corporativo: es proteger trabajo argentino, capacidad productiva, soberanía tecnológica y abastecimiento estratégico. Es cumplir con la manda constitucional que impone a este Congreso la obligación de promover la industria, en un momento en el que la política del Poder Ejecutivo Nacional optó por destruirla”, se señala en los fundamentos.