En una jornada marcada por la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Ministerio de Capital Humano confirmó que acatará, aunque bajo apelación, el fallo que lo obliga a restablecer de forma inmediata el programa Volver al Trabajo (VAT). Sin embargo, la ministra Sandra Pettovello lanzó una dura advertencia sobre el impacto financiero de esta medida: para cumplir con el pago de los planes sociales, el Estado deberá sacrificar dos de sus políticas centrales de formación y educación.
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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 22, 2026
“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, informó la cartera a través de un comunicado oficial. El Gobierno sostiene que esta resolución judicial representa una "intromisión" en el diseño de las políticas públicas y fomenta la "perpetuidad del asistencialismo".
La respuesta oficial al fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, fue contundente. El Ministerio de Capital Humano tenía previsto redireccionar los fondos de los planes sociales hacia un sistema de vouchers de capacitación y el financiamiento de la doble escolaridad en sectores críticos. Al verse obligado a mantener las transferencias directas de $78.000 mensuales a más de 900.000 beneficiarios, el Gobierno decidió poner en pausa estas nuevas iniciativas.

Desde el oficialismo argumentan que el programa Volver al Trabajo ya había cumplido su plazo de vigencia legal de dos años y que su cierre era el paso necesario para pasar a un modelo de "formación profesional con rápida salida laboral". Con la cautelar vigente, el plan Formando Capital Humano —que ofrecía más de 4.300 cursos— queda suspendido hasta nuevo aviso, dejando en la incertidumbre a miles de personas desocupadas que buscaban una reinserción formal.
La medida que desató este escenario fue dictada por el juez González Charvay este martes 21 de abril de 2026. El magistrado hizo lugar a una cautelar presentada por un grupo de trabajadores de la economía popular —Andrea Ledesma, Rodrigo Esquivel, entre otros— que denunciaron que el fin del programa VAT ponía en riesgo sus necesidades básicas.
En sus fundamentos, el juez fue crítico con la propuesta de reemplazo del Gobierno: “La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían”.

El fallo ordena al Estado nacional restituir los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias por cada día de retraso. El magistrado apeló al "principio de no regresividad" para sostener que el Estado no puede quitar un beneficio alimentario sin ofrecer una alternativa real de subsistencia.
Para entender el conflicto desde cero, hay que recordar que el programa Volver al Trabajo fue creado en abril de 2024 para reemplazar al antiguo Potenciar Trabajo. Su objetivo era orientar a personas de 18 a 49 años hacia el empleo formal mediante capacitaciones. El monto de la prestación quedó congelado en $78.000 desde diciembre de 2023, perdiendo casi el 68% de su valor real por la inflación.

El Gobierno de Javier Milei anunció el cierre definitivo del programa para el 9 de abril de 2026, argumentando que el esquema de asistencia directa estaba agotado. En su lugar, lanzó el portal Formando Capital Humano, una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial para asignar capacitaciones mediante vouchers, pero que no incluía el pago mensual de dinero. Esta eliminación del ingreso monetario fue lo que motivó la acción judicial colectiva de los movimientos sociales.
El debate sobre los planes sociales se da en un contexto de extrema fragilidad. Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de septiembre de 2025, el andamiaje de ayuda social es el único "piso de ingresos" que evita un colapso mayor. El estudio revela una estadística alarmante: sin las transferencias directas del Estado, la cantidad de personas en la indigencia sería un 82% mayor.

El informe de la OPC también destaca que el poder de compra de prestaciones como la AUH logró recuperarse gracias a la indexación mensual por inflación, pero advierte que la Prestación Alimentar ha sufrido un deterioro sostenido por depender de aumentos discrecionales. En este marco, el fallo judicial de esta semana busca proteger un ingreso que, aunque bajo, garantiza "un plato de comida más al mes" para familias que no tienen inserción en el mercado laboral formal.