Un grupo de diputados nacionales del peronismo presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre el funcionamiento del PROGRESAR, en medio de cuestionamientos por su financiamiento, alcance y actualización.
La iniciativa, encabezada por Alejandrina Borgatta y acompañada por legisladores como Fernanda Díaz, busca que el Ministerio de Capital Humano informe sobre siete aspectos clave del programa, considerado una herramienta central para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
En los fundamentos, los diputados destacan que el PROGRESAR fue creado en 2014 y luego convertido en ley en 2023 como una política destinada a “garantizar el derecho a la educación, promover la inclusión social y reducir las desigualdades estructurales”.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años con ingresos familiares inferiores a tres salarios mínimos, y contempla distintas líneas:
Uno de los ejes más fuertes del proyecto apunta al congelamiento del monto de las becas.
“El congelamiento del monto de las becas en $35.000 desde el año 2024 ha erosionado significativamente su capacidad real para cubrir gastos asociados a la educación”, sostienen los legisladores.
En ese sentido, agregan que el aumento del costo de vida en rubros como transporte, materiales y conectividad “vacía de contenido real una herramienta central de inclusión educativa”.
El proyecto solicita al Ejecutivo información precisa sobre siete puntos que consideran críticos:
Los diputados piden conocer el detalle de las partidas asignadas en el Presupuesto 2026, incluyendo créditos iniciales, vigentes y ejecutados.
El objetivo es determinar si hubo un recorte o una subejecución de fondos.
Se solicita un informe comparativo de los últimos tres años, con variaciones nominales y reales ajustadas por inflación.
Esto permitiría medir el impacto real del financiamiento del programa.
El proyecto exige datos sobre la cantidad de estudiantes alcanzados por el PROGRESAR, discriminados por nivel:
Para los legisladores, este dato es clave para evaluar si hubo una reducción en la cobertura.
Uno de los puntos más sensibles es el endurecimiento de las condiciones académicas:
En ese marco, se pide conocer cuántos estudiantes fueron dados de baja y si el Gobierno evaluó el impacto de la precarización laboral en la capacidad de cumplir esos requisitos.
El texto plantea que muchos jóvenes “se ven compelidos a priorizar la subsistencia inmediata por sobre la currícula académica”.
Se solicita un informe oficial sobre cuánto cubren hoy las becas en relación a gastos básicos:
El objetivo es medir el poder adquisitivo real del beneficio.
Los diputados piden explicaciones sobre por qué no se actualizan las becas desde 2024.
Reclaman conocer los “criterios económicos y sociales” utilizados para fijar el monto actual.
Por último, se solicita información sobre si existe un cronograma de actualización o recomposición de las becas. Este punto busca dar previsibilidad a los beneficiarios.

En los fundamentos, el proyecto también cuestiona cambios estructurales en la gestión del PROGRESAR.
Se menciona la disolución del Ministerio de Educación y el traspaso del programa al Ministerio de Capital Humano, lo que —según los diputados— contribuyó a su debilitamiento.
Además, se señala que la eliminación del Fondo Fiduciario PROGRESAR “agravó aún más esta situación, al desarticular un mecanismo específico de financiamiento”.