Acusan a una empleada del Banco Nación de robar $40 millones del tesoro

Durante meses, los números daban bien. Las planillas cerraban y los movimientos internos no mostraban desfasajes evidentes. Pero detrás de ese equilibrio aparente, la Justicia federal investiga ahora una presunta maniobra que habría implicado la sustracción de $40 millones del Banco Nación en la ciudad bonaerense de San Pedro.

La principal sospechosa es una empleada de 36 años que se desempeñaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración del tesoro de la sucursal. Según la acusación del fiscal federal Matías Felipe Di Lollo, la mujer se habría valido de su posición para retirar dinero en distintas oportunidades y luego disimular el faltante mediante operaciones contables sin respaldo.

El episodio que marcó el inicio de la investigación ocurrió el 31 de marzo de 2025. De acuerdo a la imputación, la empleada habría tomado fondos del denominado “tesoro reserva”, los ocultó entre su ropa en una bolsa de nailon y abandonó la entidad. Poco después, se registró un movimiento interno por 10 millones de pesos desde otro sector del tesoro hacia un cajero automático, lo que permitió cubrir parcialmente el faltante en los registros.

La operatoria, sin embargo, no se habría limitado a un único hecho. La fiscalía sostiene que el 8 de agosto la acusada repitió el esquema: sustrajo fajos de billetes de $20.000 del “tesoro libre” y los utilizó para cancelar deudas personales de tarjetas de crédito por unos 16 millones de pesos. En paralelo, habría realizado pases virtuales por la misma suma para mantener el equilibrio contable y evitar que se detectara la irregularidad.

El mecanismo recién quedó al descubierto cuando la Gerencia Zonal del Banco Nación intervino la sucursal y realizó un control junto a personal especializado de San Nicolás y Pergamino. Ese relevamiento permitió detectar inconsistencias que derivaron en la denuncia penal.

En la audiencia realizada ante el juez de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo, el fiscal imputó formalmente a la empleada por el delito de peculado, que castiga a los funcionarios que sustraen caudales bajo su custodia y prevé penas de entre dos y diez años de prisión.

El magistrado avaló la acusación, fijó un plazo de 90 días para la investigación y dispuso el embargo del domicilio de la imputada, además de su inhibición general de bienes.

Con la causa en pleno avance, los investigadores buscan ahora reconstruir con precisión la secuencia de movimientos y determinar si hubo más episodios similares o la eventual participación de terceros en una maniobra que, durante un tiempo, logró pasar inadvertida detrás de números que parecían cerrar.