Impacto político
23/04/2026 - Edición Nº1171
Economía
disputa entre gobernadores
Pararon un proyecto de US$18.000 millones y estalló la pelea por la renta minera
23/04/2026 | La Justicia de La Rioja frenó por 30 días el megaproyecto Vicuña y abrió una disputa con San Juan por regalías.
Proyecto minero Vicuña en San Juan.
El megaproyecto minero Vicuña, una de las mayores apuestas de inversión en la historia reciente del país, quedó en el centro de una disputa política, judicial y económica entre provincias.
La decisión de la Justicia de La Rioja de frenar su avance por 30 días desató una pelea abierta por la renta minera y el control de los recursos.
La medida fue firmada por la jueza María Greta Decker, quien ordenó suspender parcialmente las actividades del proyecto y bloquear el tránsito de maquinaria por el corredor de Guandacol, clave para el acceso a los yacimientos.
Un negocio millonario en juego
El proyecto Vicuña —que integra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol— prevé inversiones por hasta US$18.000 millones en la próxima década, con participación de gigantes como BHP y Lundin Mining.
Se trata de una iniciativa que podría generar exportaciones por unos US$6.000 millones anuales y posicionar a la Argentina entre los principales productores globales de cobre, oro y plata.
Pero detrás de ese potencial aparece el núcleo del conflicto: quién se queda con la renta minera.
La pelea por regalías
Aunque los yacimientos están en San Juan, el proyecto depende de rutas que atraviesan La Rioja. Esa dependencia logística abrió la disputa.
El gobernador riojano Ricardo Quintela exige que la empresa presente un estudio ambiental integral en su provincia y cuestiona los límites territoriales vigentes desde 1968. Incluso pidió que el conflicto sea resuelto por el Senado.
Del otro lado, el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego fue tajante: defendió que los recursos pertenecen a su provincia y remarcó que la normativa vigente tiene más de medio siglo.
En paralelo, también está en discusión el reparto de beneficios: las regalías —estimadas en torno al 3%— quedarían en San Juan, mientras que La Rioja busca participación en ingresos, empleo y proveedores locales.
Marcelo Orrego, gobernador de San Juan
Un bloqueo que expone la dependencia
El freno judicial dejó al descubierto un punto crítico: el acceso al proyecto depende de un corredor de más de 200 kilómetros que atraviesa territorio riojano.
Sin ese paso, el abastecimiento de los campamentos —ubicados a más de 4.000 metros de altura— se vuelve complejo, lo que obliga a buscar rutas alternativas y encarece la operación.
Para evitar esta dependencia a futuro, el consorcio analiza construir un nuevo corredor íntegramente en San Juan, con una inversión cercana a US$200 millones.
Lo que viene
Por ahora, el proyecto quedó parcialmente paralizado y limitado a tareas mínimas de mantenimiento. Pero el conflicto va más allá de lo judicial: pone en juego el modelo de desarrollo minero, la distribución de recursos y la relación entre provincias.
