23/04/2026 - Edición Nº1171

Economía

fábricas en alerta

“Basura industrial”: la denuncia del dueño de Peabody en Diputados

23/04/2026 | La denuncia en Diputados apuntó a importaciones sin control, riesgos para usuarios y diferencias de precios que golpean la industria local.



El debate por la industria y las importaciones sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Dante Choi, dueño de Peabody, lanzó una dura advertencia durante su exposición en la Cámara de Diputados: “El 90% de los productos que se comercializan en Mercado Libre incumplen con las normas IRAM”.

La denuncia no solo apuntó a la competencia externa, sino también a un problema más profundo: la seguridad de los productos y la falta de controles.

Denuncia por seguridad y controles

Choi sostuvo que una gran parte de los artículos importados no cumple con estándares técnicos básicos, lo que puede implicar riesgos para los consumidores.

“Investiguen qué originó el incendio en el Senado”, planteó, en referencia a un episodio reciente que dejó personas hospitalizadas. Y fue más allá: “No puede ser que el país esté importando basura industrial”.

En ese marco, cuestionó el rol del Estado:

“Es imposible que el Estado desatienda la obligación de fiscalizar la seguridad de los usuarios”.

La diferencia que explica el problema

En el mercado, la brecha de precios también juega un rol clave.
Un producto similar puede encontrarse en torno a US$15 importado desde China, frente a valores cercanos a US$60 en fabricación local.

La diferencia —de hasta cuatro veces— no solo responde a escala productiva, sino también a distintos niveles de exigencia normativa, costos regulatorios y estructura impositiva, un punto que desde el sector industrial vienen marcando como parte del problema.

El contexto: una empresa en crisis

Las declaraciones llegan en un momento crítico. La crisis de Peabody dio un paso decisivo en la Justicia: el Juzgado Comercial N°21 resolvió la apertura del concurso preventivo de Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca.

La medida implica que el tribunal consideró acreditado el estado de cesación de pagos, habilitando la negociación con acreedores bajo supervisión judicial.

Al momento de la presentación, los registros del Banco Central mostraban deudas bancarias por casi $19.600 millones, aunque ese monto no incluye la totalidad del pasivo, que abarca también compromisos comerciales, fiscales y financieros que deberán verificarse en el expediente.

Un debate que escala

La exposición reaviva una discusión de fondo: cómo equilibrar apertura comercial, precios y estándares de seguridad.

Mientras el Gobierno impulsa mayor competencia para bajar costos, desde la industria advierten sobre el impacto en la producción local y la necesidad de controles más estrictos.

En paralelo, los datos refuerzan esa tensión: las importaciones de bienes de consumo final crecieron 15% interanual en marzo de 2026, incluso en un contexto de sobrestock y caída del consumo, lo que intensifica la presión sobre la industria local.