En una jornada marcada por una tensión institucional sin precedentes en la historia democrática argentina, la Cámara de Diputados de la Nación se convirtió este jueves en el escenario de una contraofensiva legal frente a la decisión del Poder Ejecutivo de clausurar el acceso a la prensa acreditada en la Casa Rosada. La diputada nacional Sabrina Selva, acompañada por un bloque de legisladores, presentó un proyecto de resolución para exigir la normalización inmediata de la labor periodística en Balcarce 50, calificando la medida oficial como un acto que "restringe el libre ejercicio de la labor de prensa".
El conflicto estalló en las primeras horas de este jueves, cuando los 60 trabajadores de prensa que cubren habitualmente la sede de Gobierno descubrieron que sus huellas dactilares habían sido dadas de baja del sistema de ingreso y que la histórica Sala de Periodistas permanecía bajo llave.
El proyecto impulsado por Sabrina Selva y firmado por legisladores como Germán Martínez, Nicolás Trotta y Juan Marino, expresa una "profunda preocupación" ante la inhabilitación de los periodistas acreditados. El texto parlamentario no solo rechaza el cierre físico, sino que insta al Poder Ejecutivo a "normalizar de manera inmediata el acceso a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada".

La estrategia legislativa se basa en el cumplimiento de los "estándares democráticos y el respeto por el artículo 14 de la Constitución Nacional". Selva advirtió a través de sus redes sociales que esta medida constituye un mecanismo de "hostigamiento que violenta la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía".
La medida del Gobierno nacional, implementada por la Casa Militar y confirmada por la Secretaría de Comunicación y Prensa, implicó la anulación de la prórroga de las acreditaciones 2025 que estaba vigente durante abril. Los cronistas que intentaron ingresar fueron interceptados por personal de seguridad que portaba una lista con fotos y nombres para impedir el paso.
El secretario de Comunicación, Javier Lanari, justificó la acción vía redes sociales: "La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional". Según fuentes oficiales, la restricción se mantendrá hasta que avance el reempadronamiento anual y se aclare la situación judicial vigente.
El Gobierno fundamentó este cierre masivo en una denuncia penal radicada en el juzgado de Ariel Lijo contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno. El foco del conflicto fue un informe televisivo emitido el domingo pasado, donde se mostraron imágenes de pasillos internos de la Casa Rosada grabadas, presuntamente, con lentes inteligentes que cuentan con cámara incorporada.
La Casa Militar sostuvo que esta filmación puso en riesgo la seguridad presidencial al "revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente". Por su parte, el presidente Javier Milei arremetió contra los involucrados desde sus redes sociales, calificándolos como "basuras repugnantes" y "delincuentes". La defensa de los periodistas sostiene que las grabaciones se realizaron en "lugares comunes y espacios públicos" habilitados para la prensa.
Paralelamente al cierre de la sala, Milei recibió este jueves en su despacho a Peter Thiel, cofundador de PayPal y de Palantir Technologies, una empresa especializada en el análisis de datos para inteligencia y defensa. Thiel, quien alquiló una mansión en Barrio Parque, es una figura central del "tecnoextremismo" de Silicon Valley y ya se había reunido previamente con el asesor Santiago Caputo.

Analistas señalan la contradicción de cerrar el acceso a la prensa local por temor al espionaje mientras se estrechan vínculos con el dueño de "Gotham", un software utilizado por la CIA y la inteligencia estadounidense para el control social y el rastreo masivo de datos. La visita de Thiel es vista como el inicio de un cambio de paradigma para Argentina en materia de inteligencia artificial y seguridad alimentaria.
Diversas organizaciones como ADEPA y FOPEA repudiaron la medida, advirtiendo que "no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina". Incluso durante la última dictadura militar, la Sala de Periodistas permaneció abierta. El Círculo de Periodistas de la Casa Rosada emitió un comunicado denunciando una "avanzada explícita contra la libertad de prensa" y exigiendo el cese de los ataques.
Desde el Gobierno, sin embargo, insisten en que la medida es "provisoria" y que se ampara en la necesidad de resguardar la integridad del presidente tras la supuesta detección de una supuesta campaña de desestabilización vinculada a propaganda rusa detectada semanas atrás.
TM