En un desafío directo a la parálisis institucional que afecta a la Cámara de Diputados, un bloque de quince legisladores de diversos espacios políticos activó este jueves un "bypass" reglamentario para abordar el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. Ante la falta de respuesta del presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza), la oposición resolvió autoconvocarse para el próximo jueves 30 de abril a las 10:00 con el fin de recibir a los trabajadores de prensa que fueron expulsados de la sede de Gobierno.
La iniciativa es encabezada por Nicolás Trotta y la mendocina Lourdes Arrieta, vicepresidentes primero y segundo de la comisión. Arrieta, quien integra el bloque Provincias Unidas tras su salida del oficialismo, formalizó el pedido de reunión para garantizar "el derecho de los ciudadanos a estar informados sin censura".
La decisión de avanzar con una reunión informativa propia surgió tras el agotamiento de los plazos administrativos. Los diputados denunciaron que Montenegro ha ignorado sistemáticamente los pedidos de convocatoria desde que asumió la presidencia de la comisión el pasado 31 de marzo. "Si la presidencia de la comisión decide no convocarla, nos reuniremos de igual manera", advirtió la diputada Romina del Plá.
CONVOCATORIA URGENTE DE LA COMISION DE LIBERTAD DE EXPRESION DE LA HCDN
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) April 23, 2026
Ante la falta de convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión y los reiterados pedidos realizados al presidente Guillermo Montenegro para su urgente funcionamiento con diversos expedientes que… pic.twitter.com/oLIbebMnlC
La cita del próximo jueves se producirá apenas 24 horas después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deba presentarse en el recinto de la Cámara Baja para brindar su informe de gestión. Los legisladores buscan que la Comisión de Libertad de Expresión sea el espacio donde se visibilice lo que califican como un "antecedente de disciplinamiento peligroso para la salud democrática de la Argentina".
La jugada política de la oposición se basa en las facultades de las autoridades de la comisión ante la "parálisis institucional". La nota presentada cuenta con la rúbrica de un arco político heterogéneo que incluye a Germán Martínez, Mónica Frade, Julieta Campo, Diego Giuliano, Esteban Paulón, Raúl Hadad, Juan Marino, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Sabrina Selva y Hugo Yasky.

Este grupo de legisladores sostiene que ocultar o manipular la información pública es "lesivo del principio republicano y constitucional de publicidad de los actos de gobierno". El documento enviado a Montenegro resalta que es la tercera nota remitida para exigir el funcionamiento de la comisión ante hechos que consideran "autoritarios e inconstitucionales".
Para la jornada del 30 de abril, los diputados han invitado formalmente a entidades periodísticas como ADEPA y FOPEA, representantes de medios y comunicadores que han sufrido hostigamientos recientes. El objetivo es que los cronistas expongan sus testimonios sobre el retiro de sus acreditaciones y el borrado de sus huellas dactilares en la Casa Rosada.

"Sin libertad de expresión, no hay democracia", sostiene el documento firmado por los legisladores. La intención es reencauzar la realidad de los medios y asegurar que el flujo de información no sea interrumpido por "intereses políticos". El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) ya expresó su "enérgico repudio" a la medida, calificándola como un hecho inédito que "sienta un precedente preocupante".
En medio de la movida legislativa por la prensa local, el diputado Juan Marino presentó un pedido de informes específico sobre la visita de Peter Thiel a la Argentina. El legislador exige explicaciones sobre las reuniones reservadas del cofundador de Palantir Technologies con Javier Milei, Santiago Caputo y Federico Sturzenegger.
🚨 QUE EL GOBIERNO DÉ EXPLICACIONES SOBRE LA VISITA DE THIEL
— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) April 23, 2026
🏛 Presentamos un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique los motivos, contenidos y consecuencias de la visita del empresario Peter Thiel a la Argentina y de sus reuniones reservadas con Milei, Caputo y…
Marino advirtió que Thiel es un promotor de la "Ilustración Oscura" y que su empresa Palantir desarrolla software utilizado para generar blancos militares y rastrear migrantes. "El Congreso tiene que saber qué se habló con Thiel, qué se ofreció sobre datos sensibles, defensa, inteligencia, salud y migraciones", reclamó el diputado.
Antes de confirmar la sesión del jueves, un grupo de trece diputados se presentó físicamente en la Casa Rosada para solicitar una audiencia urgente con el secretario de Medios, Javier Lanari, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. "No nos recibieron", denunció la diputada Sabrina Selva.
Fuimos a la Casa Rosada en solidaridad con periodistas y contra el cierre de la Sala de Prensa.
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 23, 2026
Otra medida autoritaria y cobarde del PEN. pic.twitter.com/aQFgaGIfEY
Entre los firmantes de este pedido de audiencia figuran legisladores que han acompañado proyectos oficiales, como Oscar Zago, Eduardo Falcone y Marcela Pagano, además de Maximiliano Ferraro, Mariela Coletta, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Karina Maureira. La nota entregada advirtió que el cierre de la sala "representa un retroceso sin precedentes en la tradición republicana de nuestro país".
La crisis se originó tras una filmación realizada por un equipo de TN en los pasillos de la Casa Rosada, utilizando lentes inteligentes con cámara incorporada. La Casa Militar denunció penalmente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por "espionaje ilegal" y "revelación de secretos políticos o militares".
Como respuesta, el Gobierno dio de baja las huellas dactilares de todos los acreditados y dejó sin efecto la prórroga de credenciales. El presidente Javier Milei respaldó la medida tildando a los cronistas de "basuras repugnantes" y "delincuentes". Sin embargo, la oposición resalta que no hay antecedentes similares en los últimos 50 años, "ni siquiera durante la última dictadura cívico militar".
TM