El 24 de abril de 1915 marcó el inicio de uno de los episodios más trágicos del siglo XX. Ese día, las autoridades del Imperio Otomano detuvieron en Constantinopla a cientos de intelectuales, líderes políticos y religiosos armenios. Lo que comenzó como una ofensiva contra figuras clave de esa comunidad se transformó rápidamente en una persecución masiva que, con el paso de los meses, se extendió a toda la población armenia del imperio.
En ese contexto, el Imperio Otomano atravesaba una profunda crisis. Participaba en la Primera Guerra Mundial y enfrentaba presiones internas y externas que debilitaban su estructura política. Dentro de ese escenario, la minoría armenia, mayoritariamente cristiana, fue señalada como sospechosa de colaborar con el Imperio Ruso, enemigo en el frente oriental. Esa acusación funcionó como argumento para justificar una serie de medidas que terminaron en una política sistemática de expulsión y exterminio.

Tras los arrestos iniciales, comenzaron a aplicarse leyes que permitieron la deportación forzada de comunidades enteras. Familias completas fueron obligadas a abandonar sus hogares con muy pocas pertenencias y sin información clara sobre su destino. Estas expulsiones derivaron en largas marchas hacia regiones desérticas del actual territorio sirio, en condiciones extremas.
Durante esos trayectos, conocidos como “caravanas de la muerte”, miles de personas fallecieron por hambre, enfermedades, agotamiento o ataques. A esto se sumaron ejecuciones masivas, saqueos y abusos sistemáticos. No se trató de hechos aislados: la violencia estuvo organizada desde el poder central, con el objetivo de eliminar la presencia armenia en amplias zonas del imperio.
Se estima que entre un millón y un millón y medio de armenios murieron entre 1915 y 1923. Las consecuencias no solo fueron humanas, sino también culturales: pueblos enteros desaparecieron, iglesias y escuelas fueron destruidas y una comunidad con siglos de historia en la región quedó prácticamente desarticulada.

Aunque los hechos ocurrieron a comienzos del siglo XX, el término “genocidio” todavía no existía. Fue recién décadas después cuando el jurista Raphael Lemkin impulsó su creación para describir la destrucción deliberada de un grupo humano. El caso armenio fue uno de los ejemplos centrales que tomó para desarrollar esa definición, que luego sería incorporada al derecho internacional.
Con el paso del tiempo, más de 30 países reconocieron oficialmente estos hechos como genocidio. Sin embargo, Turquía sostiene una postura diferente y rechaza esa calificación, argumentando que las muertes ocurrieron en el marco de un conflicto bélico generalizado. Esta diferencia de interpretación mantiene abiertas tensiones diplomáticas que resurgen cada año con las conmemoraciones. El reconocimiento internacional no es solo simbólico: implica también debates sobre responsabilidad histórica, reparación y memoria colectiva.
Argentina ocupa un lugar destacado en esta historia. Es uno de los países con mayor comunidad armenia fuera de su territorio original y fue pionero en reconocer oficialmente el genocidio. Cada 24 de abril se realizan actos, marchas y homenajes que reúnen a miles de personas bajo consignas vinculadas a la memoria y la justicia.
En distintas ciudades del mundo, las conmemoraciones incluyen vigilias, manifestaciones y actividades culturales. El objetivo no es solo recordar a las víctimas, sino también mantener viva la memoria para prevenir nuevos crímenes de esta magnitud.
El genocidio armenio continúa siendo un tema vigente. No solo por el reclamo de reconocimiento, sino porque se convirtió en un antecedente clave para comprender otras violencias masivas del siglo XX y XXI.
En un escenario global donde persisten conflictos, desplazamientos forzados y tensiones étnicas, esta fecha funciona como una advertencia: la persecución sistemática de un pueblo no es solo parte del pasado, sino un riesgo que puede repetirse si no se reconoce y se recuerda.