En una jornada calificada como histórica por el arco político santafesino, la Cámara de Senadores de la provincia otorgó este jueves sanción definitiva a la reforma del Código Procesal Laboral (Ley 7.945). La iniciativa, aprobada por unanimidad, representa una de las modificaciones más profundas en las reglas del juego de los juicios laborales en las últimas décadas, orientada específicamente a mitigar el crecimiento exponencial de demandas que afecta al sistema productivo provincial.
El senador Ciro Seisas, al fundamentar el voto positivo, fue categórico sobre la realidad fáctica que precipitó el cambio: “En Santa Fe tenemos un problema grave en nuestro sistema productivo, porque somos la provincia con mayor índice de juicios laborales”. La sesión, presidida por Felipe Michlig, cerró un proceso de consultas que incluyó un diálogo institucional inédito con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
El cambio más radical que introduce la nueva normativa es la creación obligatoria de un Cuerpo Especializado de Profesionales dependiente del Poder Judicial. A partir de ahora, la prueba pericial en los juicios laborales será realizada exclusivamente por este cuerpo técnico oficial, integrado por médicos, ingenieros y contadores que accederán a sus cargos mediante concurso de oposición y antecedentes.
Esta medida busca terminar con lo que los autores del proyecto denominan la "lotería de los peritos" privados. El objetivo es garantizar una calidad técnica uniforme y evitar las discrepancias extremas en los dictámenes médicos que suelen dilatar los procesos judiciales y generar incertidumbre sobre el grado de incapacidad de un trabajador. Para la conformación inicial de este cuerpo, la ley contempla la creación de seis cargos específicos con dedicación exclusiva e incompatibilidad con la actividad privada o el vínculo con aseguradoras.
La reforma impacta en múltiples etapas del proceso judicial. Estos son los puntos clave sancionados:
Horas antes de la sesión, los senadores y diputados encabezados por Felipe Michlig y José Corral mantuvieron una reunión crucial con los ministros de la Corte Suprema de Justicia: Rafael Gutiérrez (presidente), Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza. En ese encuentro, el máximo tribunal santafesino analizó las implicancias de la reforma y el impacto que produciría ante el "notable incremento de la litigiosidad laboral existente".

Michlig destacó que la unanimidad lograda es un "avance importante para dar respuesta a todas las partes" y que se ha abierto un canal de diálogo con el Poder Judicial que será sostenido para futuras leyes. Por su parte, el senador Rubén Pirola valoró las rondas de diálogos e impulsó la creación de una mesa de trabajo para monitorear la aplicación de la norma en el corto plazo.
La necesidad de la reforma se fundamentó en datos alarmantes. Según informes citados durante el tratamiento legislativo, los juicios laborales en Santa Fe aumentaron un 92% en solo dos años, a pesar de que la tasa de siniestralidad laboral (accidentes reales) había disminuido.
Un análisis comparativo revelado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) mostró que Santa Fe presentaba un índice de juicios laborales por habitante de 202,8, casi el doble de la media nacional de 115,8. Además, el índice de judicialidad de la provincia superaba ampliamente al de jurisdicciones vecinas como Córdoba. Este escenario generaba una distorsión en el sistema judicial que comprometía la seguridad jurídica de empleadores y trabajadores por igual.
El proyecto original fue autoría del diputado José Manuel Corral (Bloque UCR - Unidos para Cambiar Santa Fe) y fue ingresado formalmente el 25 de septiembre de 2025. Corral argumentó que la reforma buscaba "contribuir a la disminución de la litigiosidad laboral" mediante la implementación obligatoria del cuerpo de peritos profesionales oficiales.
Tras obtener la media sanción en la Cámara Baja con modificaciones el 19 de marzo de 2026, el expediente pasó al Senado para su revisión final. Durante el proceso, diversos colegios profesionales de la abogacía, ingeniería y ciencias económicas presentaron observaciones sobre la regulación de honorarios, lo que derivó en el ajuste de los montos máximos a 5 JUS para asegurar la proporcionalidad frente a los honorarios de los abogados.
Más allá de la reforma, la jornada en el Senado incluyó hechos políticos de relevancia. El Cuerpo aprobó la renuncia formal a su banca de Lisandro Enrico, quien se encontraba de licencia para ejercer como ministro de Obras Públicas del gobernador Maximiliano Pullaro. Su lugar fue ratificado en medio de un debate donde el bloque Justicialista optó por la abstención, argumentando que Enrico debió renunciar en 2023 al momento de asumir en el Ejecutivo.
Asimismo, se dio media sanción a la modificación del estatuto de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y se sancionó la Ley de Asociaciones de Colectividades Extranjeras. También ingresó un proyecto para crear un Fondo Provincial de Sostenimiento para Personas con Discapacidad y se aprobó un pedido de informes por la situación "dramática" de los trabajadores de la firma Verónica S.A..
TM