El presidente Javier Milei firmó el Decreto 273/2026, que declara de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro.
La medida habilita el inicio del proceso licitatorio para concesionar la obra y marca un paso clave en la modernización de uno de los principales nodos de transporte del país.
El proyecto, impulsado por un consorcio de empresas privadas, prevé transformar la terminal en un centro intermodal moderno, con mejoras en infraestructura, servicios y explotación comercial.

El decreto no adjudica directamente la obra, sino que declara de “interés público” la propuesta presentada por empresas privadas. Este paso es clave porque:
A partir de ahora, el Estado deberá convocar a una licitación en un plazo de 60 días, donde podrán competir otros oferentes, aunque los impulsores del proyecto tendrán ciertas ventajas.
El proyecto se encuadra en el Régimen de Iniciativa Privada, establecido por el Decreto 713/2024, que reglamenta la posibilidad de que empresas presenten propuestas de obras públicas sin que el Estado las haya solicitado previamente.
En términos simples, este sistema permite que:
El promotor original puede recibir beneficios en la licitación (como prioridad o puntaje adicional), pero no se le garantiza la adjudicación.
Este esquema busca acelerar inversiones sin comprometer recursos del Tesoro y promover la participación del sector privado en obras de gran escala.
Según la propuesta declarada de interés público, la remodelación de la terminal incluirá:
El objetivo es transformar la terminal en un “hub” moderno, eficiente y accesible, con estándares de sostenibilidad y mejor experiencia para los usuarios.
Además, el concesionario tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y explotación comercial del predio.
El proyecto se ejecutará bajo el régimen de concesión de obra pública, lo que implica que el privado financiará la obra y recuperará la inversión mediante la explotación comercial (alquileres, servicios, etc.). Además, deberá pagar un canon mensual al Estado.
Este modelo apunta a evitar el uso de fondos públicos, en línea con la política del Gobierno de reducir el gasto estatal en infraestructura.
La medida introduce varios cambios concretos respecto del esquema anterior. Por ejemplo, se deja sin efecto el proceso licitatorio iniciado en 2015 (Decreto 2039/2015) y se redefine el camino para concesionar la terminal bajo el nuevo régimen de iniciativas privadas.
Por otro lado, se ordena mantener la operación actual hasta que haya un nuevo concesionario. Actualmente, la terminal sigue siendo operada de manera precaria por la empresa TEBA S.A., bajo prórrogas sucesivas.
En tanto, el Ministerio de Economía será la autoridad encargada de llevar adelante todo el proceso, incluyendo la elaboración de pliegos, el llamado a licitación, la evaluación de ofertas y la firma del contrato de concesión.
Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá intervenir para evaluar la viabilidad urbanística del proyecto, un paso clave por el impacto territorial de la obra.