24/04/2026 - Edición Nº1172

Opinión


Judicialización

Tribunales, último ring de la reforma laboral

24/04/2026 | La Cámara le dio aire al Gobierno, la CGT mantiene abierta su estrategia judicial y la Corte quedó a un paso de transformarse en árbitro.



La reforma laboral entró en una etapa donde la disputa principal ya no pasa por el Congreso sino por los tribunales. La CGT perdió en el recinto, el Gobierno consiguió la ley y la resistencia más efectiva quedó concentrada en el Poder Judicial.

Esa escena cambió en las últimas horas: la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por María Dora González y Víctor Arturo Pesino, revocó la cautelar que había frenado 82 artículos centrales de la norma y devolvió vigencia al núcleo de la ley.

Qué había frenado Ojeda

El primer gran obstáculo judicial había sido el fallo del juez laboral Raúl Horacio Ojeda, que suspendió artículos sensibles a pedido de la CGT. Entre ellos estaban el Fondo de Asistencia Laboral, el banco de horas, la fragmentación de vacaciones, cambios en indemnizaciones, límites al derecho de huelga y el tramo que empuja el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara no resolvió todavía el fondo del asunto, pero sí entendió que, tratándose de una ley votada por el Congreso y cuestionada contra el Estado, la apelación oficial debía tener efecto suspensivo. Esa interpretación dejó la reforma nuevamente en pie mientras sigue abierto el expediente principal.

Cómo leyó esto el Gobierno

En la Casa Rosada vienen leyendo el conflicto como una pelea abierta con un sector del fuero laboral al que consideran muy cercano al sindicalismo y al kirchnerismo. Esa mirada apareció desde el primer fallo de Ojeda y volvió a reforzarse con la suspensión del artículo que declaraba a la educación servicio esencial, decidida por el juez José Ignacio Ramonet en una causa impulsada por la UDA.

Dentro del oficialismo y del empresariado que apoya la ley circula una idea bastante nítida: el fuero laboral sigue siendo un territorio hostil a la agenda libertaria.

El per saltum y la búsqueda de otro árbitro

La reacción del Gobierno combinó dos caminos. Apeló en Cámara y, al mismo tiempo, activó un per saltum ante la Corte Suprema, con la firma de la Secretaría de Trabajo y el patrocinio de la Procuración del Tesoro. En esa presentación sostuvo que el juez que suspendió la ley era incompetente y pidió que la Corte interviniera de manera directa.

La Casa Rosada intentó así sacar la discusión del fuero laboral y empujarla hacia un terreno que considera más favorable. La batalla por la reforma se volvió también una batalla por quién decide.

El otro frente: el traspaso del fuero laboral

La reforma laboral quedó ligada además a otra discusión institucional de largo alcance: el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad. Ese movimiento ya generó su propia contraofensiva. El juez Herman Mendel suspendió en marzo el convenio firmado entre Nación y CABA para avanzar con esa transferencia, a partir de una demanda de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

En su fallo cuestionó la forma en que el tema fue incorporado y remarcó que faltó intervención de la Comisión Bicameral prevista por la ley 24.588. La disputa dejó así de ser sólo sobre artículos laborales y empezó a incluir la estructura futura del fuero que deberá aplicar esas normas.

La ley también apunta a los jueces

El clima ya venía cargado desde el propio texto aprobado. Los artículos 89 y 90 de la reforma obligan a los jueces laborales a adecuar sus decisiones a la doctrina de la Corte Suprema y advierten que apartarse sin fundamento puede ser causal de mal desempeño.

En el oficialismo y entre abogados laboralistas empresarios se lo presenta como una forma de limitar la “industria del juicio”. En tribunales, la lectura es otra: una señal de disciplinamiento sobre un fuero históricamente autónomo y con fuerte tradición protectoria en materia laboral.

Un poder judicial partido

El cuadro que deja esta semana es bastante preciso. En primera instancia, el fuero laboral ofreció resistencia. En Cámara, una sala volvió a activar la ley. Otro juez frenó el traspaso del fuero a la Ciudad. Y por encima de todos esos movimientos aparece la Corte, convocada por el Gobierno para intervenir en una reforma que el sindicalismo ya no pudo detener en el Congreso.

La judicialización de la política se ve con claridad en esa secuencia. La politización de la Justicia también: cada fallo es leído enseguida como alineamiento sindical, oficialista, empresario o cortesano.

El nuevo mapa

La reforma laboral sigue vigente, pero el conflicto está lejos de cerrarse. La Cámara le dio aire al Gobierno, la CGT mantiene abierta su estrategia judicial y la Corte quedó a un paso de transformarse en árbitro del capítulo más sensible del programa económico de Milei.

En esta etapa, el Poder Judicial funciona como el último gran terreno de disputa para una ley que ya atravesó la pelea parlamentaria y la calle. Y cada resolución vuelve a mostrar lo mismo: en la Argentina actual, una parte decisiva de la política se sigue jugando en tribunales.

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