Un juez fue acusado como pedófilo por una alerta de Google y terminó sobreseído

Un juez de Tierra del Fuego fue investigado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil después de que el sistema de detección de Google reportara archivos sospechosos en su cuenta personal. Meses después, la Justicia concluyó que ese contenido estaba vinculado a una investigación judicial que él mismo había llevado adelante años antes y lo sobreseyó.

El episodio se inició en abril de 2025, cuando el magistrado realizó un respaldo de su computadora institucional en su cuenta de Google Drive. Durante ese proceso, la plataforma identificó imágenes compatibles con abuso infantil, suspendió la cuenta de inmediato y emitió un reporte al National Center for Missing and Exploited Children, en Estados Unidos, a través del sistema CyberTipline.

Ese aviso derivó en la apertura de una causa penal en la provincia por una posible infracción al artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción, distribución y tenencia de material sexual que involucre a menores.

Dos meses después, en junio, se realizaron allanamientos tanto en el domicilio particular del juez como en su despacho dentro de la Cámara de Apelaciones. A partir de allí, comenzaron las pericias informáticas que permitieron reconstruir el origen de los archivos.

Según se determinó, el material había sido incorporado al equipo en 2016, cuando el magistrado se desempeñaba como juez de instrucción y llevaba adelante una causa justamente por distribución de ese tipo de contenido. Es decir, los archivos estaban almacenados en el marco de su función judicial.

Con esos elementos, en octubre de 2025 la Justicia dictó su sobreseimiento. La resolución concluyó que no hubo intención delictiva y que la conservación del material respondía al ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Antes de que pudiera preservar la evidencia que respaldaba esa conclusión, Google eliminó definitivamente su cuenta. A partir de ese hecho, el magistrado inició una denuncia penal contra la empresa.

En su presentación, sostuvo que el reporte no fue el resultado de un proceso automatizado, sino parte de una secuencia de acciones que, según su planteo, derivaron en una incriminación injusta. También acusó a la compañía de haber ignorado sus descargos, de ocultar pruebas que lo favorecían y de haber destruido evidencia clave al eliminar la cuenta.

La denuncia recayó inicialmente en un juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires, que se declaró incompetente y dispuso el envío del expediente a Ushuaia. No obstante, la defensa apeló esa decisión al sostener que los hechos no se limitaron a la provincia, sino que involucraron instancias y organismos con sede en la Capital o incluso en el exterior.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revisó ese planteo y resolvió que la causa debe seguir tramitándose en Buenos Aires, al menos de manera provisoria. Los jueces entendieron que el expediente aún se encuentra en una etapa inicial y que no están completamente definidos ni los hechos ni las responsabilidades, por lo que resulta prematuro fijar un criterio definitivo de competencia.

De este modo, el caso sumó un nuevo capítulo, ahora enfocado en determinar si la actuación de la empresa tecnológica pudo haber tenido consecuencias penales en el marco de un proceso que, en su origen, terminó descartando cualquier delito por parte del magistrado.