El gobierno de Axel Kicillof avanzó en la implementación de uno de los instrumentos más importantes para los municipios al aprobar la Resolución 231/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis.
La medida establece los procedimientos concretos para acceder a los fondos del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, una herramienta financiada a través del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal fue diseñado para los ejercicios 2026 y 2027 con un doble objetivo:
Se trata de un esquema relevante para los intendentes en un contexto de restricciones fiscales, ya que permite canalizar recursos hacia obras locales sin depender exclusivamente de ingresos propios.
El fondo se integra principalmente con endeudamiento de la Provincia (al menos un 8%) y, en caso de ser necesario, con recursos de Rentas Generales.
La normativa mantiene el criterio tradicional de reparto:
Este esquema busca combinar transferencias directas con políticas focalizadas desde la Provincia.

La Resolución 231/2026 baja a tierra el funcionamiento del programa y fija las condiciones para que los municipios puedan acceder al financiamiento.
Entre los principales puntos, establece que los distritos deberán presentar:
Toda la documentación deberá estar firmada por el intendente o el área de Obras Públicas local.

Antes de aprobarse, cada iniciativa será analizada por la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal, que verificará:
Además, intervendrán organismos de control como la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado.

Uno de los aspectos centrales es el esquema de financiamiento por etapas. Los municipios recibirán los fondos en tres tramos:
Tras el último pago, los municipios deberán presentar la rendición final en un plazo de 60 días.
La resolución deja en claro que los municipios serán responsables de ejecutar las obras, contratar proveedores, certificar avances y mantener la infraestructura una vez finalizada.
Al mismo tiempo, la Provincia se reserva facultades de control. La Dirección Provincial de Infraestructura Municipal podrá verificar el uso de los fondos, y el Tribunal de Cuentas auditará las rendiciones. En caso de irregularidades o falta de rendición, se podrán suspender nuevos desembolsos.
El esquema también contempla mecanismos de adaptación. Por ejemplo, los municipios podrán modificar proyectos por razones fundadas. Si sobra dinero, podrá destinarse a ampliar obras o iniciar nuevas.
Además, los fondos remanentes deberán actualizarse según tasa del Banco Provincia. Esto busca evitar que recursos queden inmovilizados y mejorar la eficiencia en su uso.
En términos políticos, se trata de un instrumento clave en la relación entre la Provincia y los intendentes, al definir cómo y cuándo llegan recursos en un año marcado por la tensión fiscal.