El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmó el envío de 39 notificaciones a padres identificados en investigaciones por amenazas a escuelas. La medida busca recuperar los fondos públicos invertidos en procedimientos que, según las autoridades, ya superan los 200 millones de pesos.
Tras un informe del Ministerio Público de la Acusación, se logró individualizar a 73 personas vinculadas a estas intimidaciones en diversos puntos de la provincia. La subsecretaria Blanca Diakaki (ver foto abajo) explicó que se trata de una acción patrimonial independiente de los procesos penales correspondientes.

Los costos de cada operativo varían según la complejidad del despliegue y la extensión geográfica, partiendo de una base mínima de 5 millones de pesos. En algunos casos, el gasto estatal para movilizar personal y recursos especializados llegó a superar los 11 millones.
El objetivo central de la provincia es proteger el presupuesto público y desalentar la repetición de estas conductas que afectan el normal dictado de clases. Las autoridades esperan recibir más informes de la fiscalía para continuar con el cobro administrativo a los responsables.