La protesta contra la reforma previsional en Entre Ríos dejó más interrogantes que certezas. La movilización convocada por distintos gremios reunió apenas unas 2.000 personas en Paraná, un número que quedó lejos de las expectativas y que expuso tensiones internas dentro del sindicalismo provincial.
El reclamo fue encabezado por el gremio docente AGMER, con el acompañamiento de SADOP, ATE y las dos CTA. Sin embargo, la amplitud de la convocatoria no se tradujo en volumen en la calle. La baja participación generó malestar en sectores sindicales que esperaban una demostración de fuerza más contundente frente al avance del gobierno provincial.

El foco de las críticas internas se posó rápidamente en los recursos destinados a la protesta. Según trascendió, los gremios habrían invertido más de 30 millones de pesos en logística, incluyendo la contratación de colectivos y traslados desde distintos puntos de la provincia.

Ese despliegue contrasta con el resultado final de la movilización y alimentó cuestionamientos sobre la estrategia sindical. Dirigentes y afiliados comenzaron a poner en duda la eficacia de medidas que implican altos costos sin lograr impacto político ni social significativo.
El paro docente, que funcionó como sostén de la protesta, también mostró señales de debilidad. Datos del Consejo General de Educación indican que más del 70% de los docentes asistió a trabajar, lo que permitió el dictado normal de clases en la mayoría de las escuelas. Desde los gremios, en cambio, sostienen que la adhesión fue mayor.
Más allá de la disputa por los números, el dato político es otro: la brecha entre la conducción sindical y la respuesta en las bases empieza a hacerse visible. En un conflicto que recién comienza, ese desfasaje puede condicionar la capacidad de presión de los gremios frente a la reforma que impulsa el Ejecutivo provincial.