Tapia y dirigentes de la AFA, en una causa que redefine responsabilidades

La causa que sacude a la cúpula del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo de alto voltaje judicial. La Fiscalía General, ante la Cámara en lo Penal Económico, salió con los tapones de punta contra la decisión de primera instancia que procesó a los principales dirigentes de la AFA, pero dejó afuera una porción clave de los fondos investigados. El planteo se da en el marco de la causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la entidad rectora del fútbol argentino, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en orden de los $19.500 millones entre 2024 y 2025.

En un dictamen extenso y técnico, el fiscal general Gabriel Pérez Barberá pidió que se revoque esa exclusión y se amplíe la imputación por el delito de apropiación indebida agravada de recursos de la seguridad social. Los que están bajo la lupa son el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; y los dirigentes Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo.

El juez de primera instancia trazó una línea divisoria: dejó afuera los montos correspondientes al llamado “subconcepto 551”, vinculado a una alícuota del 7,5% aplicada sobre los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Su argumento fue que se trata de un régimen de “autorretención” y no de retención tradicional, lo que —según su interpretación— impediría encuadrarlo en el tipo penal. Ahí es donde la fiscalía hizo una observación.

El corazón del planteo

Para Pérez Barberá, la decisión del juez es equivocada y desarma todo el sistema de control previsto por la normativa vigente. En su dictamen sostiene que la autorretención no es una figura distinta, sino una forma específica de retención.

El planteo no es meramente semántico. Tiene consecuencias millonarias. Según los datos incorporados en la causa, los montos excluidos por el juez representan en promedio el 77% de los recursos que debían ingresar al sistema de la seguridad social.

La causa que involucra a Tapia y a otros dirigentes se inició a instancias de ARCA

El régimen bajo sospecha

El esquema en cuestión fue creado por el Decreto 510/2023, que diseñó un sistema especial para garantizar el ingreso de aportes y contribuciones del fútbol profesional. A través de ese mecanismo, parte de los ingresos generados por patrocinadores oficiales se destina directamente a cubrir obligaciones previsionales.

Para la Fiscalía, esos fondos tienen un destino específico desde su origen: no son dinero libre de la AFA, sino recursos afectados al sistema de seguridad social. En ese marco, el incumplimiento en su ingreso no sería una simple irregularidad administrativa, sino una conducta con relevancia penal.

Legalidad, interpretación y Corte Suprema

Uno de los ejes más filosos del planteo fiscal apunta al principio de legalidad. El juez había advertido que incluir la autorretención en el tipo penal implicaría una interpretación analógica prohibida.

La fiscalía responde con un argumento técnico: no se trata de analogía, sino de una interpretación literal y razonable de la ley. Y remata con doctrina de la Corte Suprema: una interpretación irrazonable es, en sí misma, arbitraria.

Además, recuerda que el derecho penal económico funciona con normas “en blanco”. Para la jerga jurídica, así se denominan a las que deben leerse junto con regulaciones administrativas. En este caso, la Resolución General 5439/2023 equipara expresamente retención, percepción y autorretención a los efectos de las sanciones.

Lo que viene

Con la apelación ya presentada, la decisión quedó en manos de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico. Los camaristas deberán definir si sostienen el criterio restrictivo del juzgado o si avanzan con una interpretación más amplia que incluya la totalidad de los fondos. Por otra parte, la fiscalía ya dejó planteada la reserva del caso federal. El partido recién empieza.