En una decisión de alto impacto patrimonial que marca el cierre operativo de uno de los expedientes por corrupción más relevantes de la historia reciente, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes la ejecución inmediata de 111 bienes inmuebles vinculados a los condenados en la Causa Vialidad. La resolución de la Sala IV no solo ratifica el decomiso de los activos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, sino que establece un precedente clave: el Estado puede avanzar sobre los bienes de los hijos de los condenados, Máximo y Florencia Kirchner, aun cuando ellos no hayan sido parte del juicio oral.
El objetivo central de la medida es cubrir la suma de $684.990.350.139,86, cifra que representa el perjuicio económico causado al erario público por el direccionamiento sistemático de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La decisión fue tomada por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con el voto en disidencia parcial de Mariano Borinsky. El fallo rechaza las últimas objeciones presentadas por las defensas, que pretendían suspender la ejecución alegando que no existía una "trazabilidad directa" entre cada inmueble y el dinero del delito.

El juez Hornos fue determinante al sostener que “la pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”. Según el magistrado, el Estado debe asegurar que el delito no conserve "eficacia económica residual", por lo que el decomiso debe traducirse en una recuperación "real y efectiva" de los activos.
En esta primera etapa del proceso, la familia Kirchner perderá la titularidad de 20 inmuebles. Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en este juicio, la Justicia determinó que 19 de esas propiedades les pertenecen por herencia o cesión gratuita y, por lo tanto, son alcanzables por la medida.

A continuación, el detalle de las propiedades que pasarán a la órbita de la Corte Suprema:
El excontratista de obra pública es el más afectado numéricamente por la medida, perdiendo un total de 84 propiedades. La Justicia identificó inmuebles que fueron instrumentos fundamentales para la maniobra, incluyendo activos a nombre de Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Entre los bienes más emblemáticos de Báez que serán ejecutados figuran:
Uno de los puntos más debatidos de la resolución es por qué se avanza sobre bienes que las defensas alegan como lícitos o previos al delito. Los jueces de Casación explicaron que, en casos de criminalidad económica organizada que duran más de una década, “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”.

La mayoría del tribunal aplicó un criterio de equivalencia patrimonial: alcanza con demostrar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el crecimiento de la fortuna de los condenados y el período de la maniobra delictiva. Bajo esta lógica, se rechaza que el traspaso a los hijos a título gratuito borre el origen ilícito, bajo el principio jurídico de que "nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee".
Todos los bienes decomisados y tasados pasarán ahora a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal será el encargado de administrar estos activos y definir su destino final.
En el fallo, los jueces sugirieron que la Corte podrá contemplar una "acción reparadora", asignando los recursos de forma total o parcial en favor de la ciudadanía de Santa Cruz, especialmente en relación a los bienes localizados en esa provincia que fue el epicentro de los efectos nocivos de la defraudación. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían insistido en la urgencia de esta medida, señalando que la resistencia de los condenados a depositar fondos "constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley".
La ejecución de los bienes es la última etapa operativa tras una serie de hitos judiciales que dejaron firme la condena contra la expresidenta:
Para comprender el origen de estos 685 mil millones de pesos, hay que remontarse a la investigación iniciada en 2016. En el juicio se probó que existió un esquema sistemático para beneficiar a Lázaro Báez con la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz.
La maniobra incluyó lo que la Justicia denominó "competencia aparente" y cartelización (colusión), el pago de sobreprecios, la aprobación de modificaciones de obra injustificadas y el otorgamiento de anticipos financieros exclusivos para las empresas de Báez.
Cristina Kirchner fue condenada como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Con el fallo de este viernes, la Justicia busca "neutralizar" las ventajas económicas que ese entramado de negocios compartidos generó para la familia Kirchner y su socio comercial durante más de una década.
TM