Lilia Lemoine expone la denuncia que pone bajo la lupa la pauta en Provincia

La diputada nacional Lilia Lemoine presentó una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por presuntas irregularidades en el manejo de la pauta oficial. La causa, iniciada en La Plata, se basa en investigaciones periodísticas que detectaron un gasto cercano a los 50 millones de dólares en publicidad durante 2025. De acuerdo con la presentación, la suma fue ejecutados a través de miles de órdenes de compra

La presentación judicial —patrocinada por el abogado Hernán Emilio Seivane— también alcanza a la ministra de Comunicación Pública bonaerense, Jesica Rey, y a la funcionaria Mariana Lopisi, entre otros involucrados. La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 de La Plata, sumario IPP 06-00-021689-26/00.

▶️La diputada nacional @lilialemoine, patrocinada por el doctor @HernanSeivane, presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la ministra de Comunicación Pública Jesica Rey, la subsecretaria Mariana Inés Lopisi.. pic.twitter.com/eoiBwDnmLx

— El Disenso 🇦🇷 (@ElDisenso) April 24, 2026

Los delitos denunciados

Lemoine acusa a los funcionarios de posibles delitos como defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y falsedad ideológica. El modus operandi constaría de un esquema que incluyó 9.571 órdenes de compra en un año —un promedio de 26 por día— lo que, a criterio de la diputada, vuelve “materialmente inviable” un control administrativo adecuado. Además, se cuestiona la falta de licitación o de criterios objetivos para asignar los fondos, lo que podría implicar un uso discrecional del dinero público.

La denuncia ofrece detalles de quienes habrían sido los beneficiados por la provincia. Entre los más favorecidos, la legisladora apuntó contra Grupo Indalo, Grupo América, Grupo Olmos, El Destape, Clarín, Infobae y Perfil. Estos medios habrían recibido la mitad del dinero.

Contexto político y económico

La presentación judicial subraya el contraste entre el volumen de recursos destinados a publicidad oficial y la situación de áreas sensibles de la provincia, como salud y educación. Según el planteo, mientras se incrementaba el gasto en comunicación, persistían reclamos por deudas con prestadores, tensiones salariales y dificultades presupuestarias.Para Lemoine, ese contexto refuerza la hipótesis de un uso indebido de fondos públicos y de una eventual desviación de prioridades en la gestión provincial.

de medidas de prueba, entre ellas peritajes contables, análisis de los sistemas administrativos y el seguimiento del circuito del dinero desde su origen hasta su destino final. A partir de la presentación, se esperan avances que ayuden a esclarecer la situación y eventualmente, citar a los funcionarios denunciados a prestar declaración indagatoria.

Todos los tipos penales, uno por uno

1. Defraudación contra la administración pública (artículo 174 inciso 5)
   Se configura cuando un funcionario o un particular perjudica económicamente al Estado maniobras fraudulentas. Es una forma agravada de estafa. La pena prevista es de 2 a 6 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
2. Malversación de caudales públicos (artículo 261)
   Ocurre cuando un funcionario da a los fondos públicos un destino distinto al que estaban legalmente asignados, o los sustrae. No siempre implica apropiación personal, pero sí un uso indebido. Las penas van de 2 a 10 años de prisión, según la gravedad del caso, más inhabilitación especial perpetua en los casos más severos.
3. Abuso de autoridad (artículo 248)
   Se da cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley, no ejecuta las leyes que debe cumplir o actúa excediendo sus facultades. Es una figura más amplia y frecuente. Tiene penas de 1 mes a 2 años de prisión e inhabilitación especial.
4. Negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265)
   Aplica cuando un funcionario interviene en contratos u operaciones en los que tiene un interés personal, directo o indirecto. Es decir, cuando usa su cargo para beneficiarse a sí mismo o a terceros vinculados. La pena es de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
5. Falsedad ideológica (artículo 293)
   Se produce cuando un funcionario inserta datos falsos en un documento público, aunque el documento en sí sea auténtico. Es distinta de la falsificación material: acá el soporte es real, pero el contenido es mentiroso. La pena prevista es de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación especial. Si se tratase de documentos de identidad, la pena es de 3 a 8 años.