La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recuperó este viernes cinco unidades de vivienda tipo PH en el barrio de Villa Mitre. Las propiedades, ubicadas en la intersección de las calles San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, se encontraban usurpadas desde el año 2000. Con esta intervención, el Ministerio de Seguridad porteño alcanzó la cifra de 700 propiedades recuperadas y devueltas a sus dueños originales en lo que va de la actual gestión.
La toma, que se extendió por más de un cuarto de siglo, era señalada por los vecinos de la zona —a pocas cuadras del estadio de Argentinos Juniors— como un foco de inseguridad y un "aguantadero". Durante el desalojo, se produjo un enfrentamiento verbal entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el legislador porteño del kirchnerismo, Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien acudió al lugar para intentar frenar la medida judicial.
La orden de desalojo fue avalada por la fiscal Nancy Haron, quien autorizó el ingreso de la Policía de la Ciudad y la Guardia de Auxilio ante el avanzado estado de deterioro de las viviendas. Según los informes técnicos, las estructuras presentaban daños graves que ponían en peligro no solo a los ocupantes, sino también a los transeúntes, lo que derivó en una clausura inmediata por riesgo de derrumbe.

El procedimiento terminó con cuatro personas detenidas: tres hombres acusados de atentado y resistencia a la autoridad, y una mujer por lesiones contra una efectiva policial durante el forcejeo en la puerta de uno de los PHs. Jorge Macri, quien se presentó en el lugar para reunirse con Emiliano Wolters —el heredero de las propiedades—, fue tajante sobre la política de su administración: “Querían hacernos creer que usurpar una casa y arruinarle la vida a una familia no tenía consecuencias y que las víctimas eran los okupas. Acá la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”.
Uno de los momentos de mayor tensión se vivió con la llegada del legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien se interpuso en el operativo argumentando que se trataba de un atropello contra familias vulnerables. La respuesta del jefe de Gobierno fue inmediata a través de sus redes sociales, donde vinculó la presencia del diputado con un modelo de gestión que, según sus palabras, "naturaliza el desorden".
Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas.
— Jorge Macri (@jorgemacri) April 24, 2026
Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad. Por si no le quedó claro: esto acá no va. Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz.
700 propiedades recuperadas.
Ley y orden. pic.twitter.com/FeGAHF7dQ7
“Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas. Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad. Por si no le quedó claro: esto acá no va. Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz”, sentenció Macri. Por su parte, desde el entorno de los ocupantes, se denunció que la Red de Atención, si bien realizó un censo, no brindó soluciones habitacionales definitivas antes del uso de la fuerza pública.
Entre los líderes de la toma de Villa Mitre se encontraba Diego Molina, una figura que cobró notoriedad pública y repudio masivo en noviembre de 2020. Molina era el empleado de la funeraria Pinier que se fotografió con el pulgar hacia arriba junto al ataúd abierto que contenía los restos de Diego Armando Maradona.

Ese hecho le valió una condena en 2021 por el delito de “profanación de cadáver humano” y la difusión de imágenes íntimas. Según el Gobierno porteño, Molina no solo lideraba la toma en San Blas y Andrés Lamas, sino que formaba parte de un grupo con antecedentes penales que generaba temor en el barrio. “Este fue un desalojo complejo, con muchos delincuentes viviendo adentro, gente con antecedentes que el propio barrio pedía que los saquemos”, detalló Macri.
La figura de Salvatierra, quien defendió el inmueble de Villa Mitre, ha sido objeto de debate por su historial personal y político. Dirigente del barrio Ciudad Oculta, Salvatierra cumplió una condena de siete años de prisión por liderar una banda dedicada al robo de bancos, un pasado que él mismo reconoce y utiliza para cuestionar la meritocracia.

En 2010 cobró fama nacional como uno de los líderes de la toma del Parque Indoamericano y en 2016 fue detenido nuevamente en Villa Lugano por tenencia de drogas, episodio en el cual ingirió una cuchara para evitar declarar ante la Justicia. Al asumir su banca en diciembre de 2025, juró “por los que viven en una villa” y por la radio Futurock, donde se desempeña como columnista. Su presencia en el desalojo de este viernes reforzó la polarización sobre cómo debe abordarse el déficit habitacional y el respeto a la propiedad privada en la ciudad.
Para entender cómo estas cinco propiedades permanecieron tomadas durante 26 años, hay que remontarse a finales de la década del 90. En 1998, la propietaria original de los PHs permitió que una empleada de su confianza viviera en una de las unidades. Sin embargo, poco tiempo después, grupos de personas ajenas a la familia intrusaron las restantes viviendas, alegando que la empleada era, en realidad, una inquilina y que ellos tenían derecho a permanecer allí.

En el año 2000, la toma se consolidó y se inició un largo historial de litigios judiciales. A pesar de que en 2009 la justicia dictó una sentencia firme de desalojo, la orden nunca se ejecutó efectivamente hasta este viernes, cuando la Guardia de Auxilio dictaminó que el lugar era inhabitable por las fallas estructurales acumuladas durante décadas de falta de mantenimiento.
El desalojo en Villa Mitre es el hito número 700 de una política activa de restitución de inmuebles que ha incluido casos emblemáticos como la Casa Blaquier en el casco histórico, la “Galería del Terror” en Pompeya y un edificio diseñado por Arturo Prins en la calle Tucumán.

Como parte de la nueva etapa de esta política, el Gobierno porteño anunció que algunos de los predios recuperados no volverán a ser viviendas sociales tradicionales, sino que se transformarán en proyectos de desarrollo urbano. Un ejemplo es el predio de Avenida La Plata 2253, donde se construirá un edificio destinado a la clase media y a efectivos de la Policía de la Ciudad, financiado a través del Instituto de la Vivienda y créditos hipotecarios del Banco Ciudad. "Estamos ocupándonos de ordenar la Ciudad como corresponde", concluyó Jorge Macri.
TM