El gobierno de Uruguay anticipó un nuevo aumento en el precio de los combustibles a partir del 1 de mayo, en línea con la evolución del mercado internacional del petróleo. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, confirmó que la decisión está en evaluación y que responde a factores externos que continúan presionando los costos energéticos.
La medida se suma al incremento aplicado el 1 de abril, cuando naftas y gasoil subieron un 7 %. Con este movimiento, el país mantiene una política de ajustes graduales que busca evitar distorsiones mayores en el sistema de precios, aunque al mismo tiempo traslada presión a sectores productivos y al consumo interno.
El esquema aplicado por Uruguay se basa en la referencia del Precio de Paridad de Importación, que refleja el costo internacional de los combustibles. Este mecanismo, de carácter técnico, apunta a sostener la sostenibilidad del sistema energético sin recurrir a subsidios masivos que puedan deteriorar las cuentas públicas.
En contraste, países como Colombia aplicaron durante años políticas de subsidios que derivaron en déficits fiscales significativos. La corrección posterior implicó aumentos acumulados muy superiores, lo que expone el costo de postergar ajustes por razones políticas y genera impactos más abruptos sobre la inflación.

El movimiento de precios en Uruguay tiene efectos directos sobre Argentina, especialmente en zonas de frontera. La reducción de la brecha de precios limita el atractivo del turismo de combustible y modifica flujos de consumo que hasta hace poco favorecían compras del lado argentino.

Al mismo tiempo, la convergencia regional en los precios energéticos introduce presión sobre los costos logísticos y productivos. En un contexto de petróleo internacional elevado, esta tendencia puede trasladarse a precios internos y afectar la competitividad, obligando a redefinir estrategias económicas en el corto plazo.