El gobierno de Javier Milei volvió a mover fichas en uno de los terrenos más sensibles del poder: la Justicia. Esta vez, envió al Senado 30 nuevos pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos, en una jugada que profundiza su estrategia de reconfiguración del sistema judicial.
Con este paquete, ya superan los 110 nombramientos impulsados por el Ejecutivo, en un intento por cubrir vacantes históricas y acelerar un recambio que lleva años postergado. La movida no es menor: impacta en fueros clave tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país.
Las propuestas alcanzan tribunales penales, civiles, comerciales y federales, incluyendo juzgados con alta exposición pública. Entre ellos, aparecen cargos en el fuero Criminal y Correccional y en tribunales orales federales, donde se definen causas de fuerte impacto político y social.
El envío también incluye pedidos de prórroga para magistrados que ya alcanzaron la edad jubilatoria, una decisión legal pero que suele abrir discusiones políticas en el Senado, donde cada pliego se convierte en una negociación.

Ahí está el verdadero cuello de botella. Los nombramientos deben pasar por comisiones, audiencias públicas y votaciones en el recinto, en un contexto donde el oficialismo no tiene mayoría propia y necesita acuerdos con bloques dialoguistas.
El movimiento del Gobierno combina dos objetivos: acelerar el funcionamiento de una Justicia con vacantes crónicas y, al mismo tiempo, ganar influencia en la estructura judicial. En ese equilibrio se juega una disputa silenciosa pero clave para el funcionamiento del sistema institucional.