Cómo se recuperarán los $685 mil millones de la causa Vialidad

La causa Vialidad entró en una fase decisiva. La Justicia comenzó a ejecutar el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados, con el objetivo de recuperar cerca de $685 mil millones fijados como perjuicio al Estado.

La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 tras la confirmación de la condena en instancias superiores, y representa un cambio de escala: ya no se trata solo de una sentencia, sino de avanzar sobre el patrimonio concreto de los involucrados.

Qué bienes están en la mira

El listado inicial incluye alrededor de 20 propiedades en Santa Cruz, principalmente en El Calafate y Río Gallegos. Son inmuebles adquiridos durante los años de expansión patrimonial del kirchnerismo, muchos de ellos luego transferidos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, aunque el tribunal consideró que esas cesiones no modifican el origen de los fondos.

Entre los activos más relevantes aparecen los hoteles Los Sauces y Las Dunas, además de terrenos de gran extensión y complejos habitacionales vinculados a operaciones con Lázaro Báez, uno de los principales condenados en la causa. Para la Justicia, ese entramado confirma la relación económica que sustentó las maniobras investigadas.

El fallo también habilita avanzar sobre bienes de empresas ligadas a Báez, como Austral Construcciones, en caso de que el patrimonio principal no alcance para cubrir la cifra fijada.

La última instancia y lo que está en juego

Con la condena firme, el margen judicial para los condenados se achica al mínimo. La etapa actual no discute la culpabilidad, sino la ejecución efectiva del decomiso, lo que implica que el foco pasa a cómo se recuperan los activos y se compensa el daño económico.

Los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá definir su destino final, ya sea a través de subastas o mecanismos de asignación. En paralelo, pueden abrirse discusiones sobre valuaciones, titularidades y alcances del decomiso, en un proceso que suele ser largo y técnicamente complejo.

El avance tiene un fuerte impacto político e institucional. No solo por la magnitud de los montos involucrados, sino porque pone a prueba la capacidad del sistema judicial para traducir una condena por corrupción en consecuencias patrimoniales concretas. En esa instancia se juega algo más profundo: si la sentencia logra transformarse en reparación efectiva o queda atrapada en el laberinto de la ejecución.