Imputabilidad a los 14, víctimas y cómo sancionarlos: el proyecto PRO en PBA

25/04/2026 | La privación de la libertad queda como último recurso, con un límite máximo de 15 años y la prohibición de aplicar prisión perpetua a menores.

Se establece que, siempre que sea posible, las penas de prisión deben ser reemplazadas por alternativas, especialmente en delitos de menor gravedad.

Francisco Angulo

El senador provincial del PRO, Guillermo Montenegro, junto al resto del bloque en la Legislatura bonaerense, presentó un ambicioso proyecto de ley para reformar de manera integral el régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa apunta a adecuar la normativa local a la reciente ley nacional y propone cambios profundos que van desde la baja de la edad de imputabilidad hasta la incorporación de nuevas penas, mecanismos de mediación y un mayor rol para las víctimas.

Se trata de una reforma estructural que modifica la actual Ley 13.634 y redefine cómo el sistema judicial aborda los delitos cometidos por menores de edad. El proyecto combina un enfoque punitivo —al introducir responsabilidad penal desde los 14 años— con herramientas orientadas a la reinserción social, lo que lo convierte en una propuesta amplia y, a la vez, polémica.

Baja de la edad de imputabilidad: el eje central del proyecto

Uno de los puntos más relevantes es la modificación de la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable. El proyecto establece que el régimen se aplicará a adolescentes desde los 14 años hasta los 18.

Esto implica un cambio significativo respecto del esquema vigente, que fijaba la inimputabilidad hasta los 16 años. Según los fundamentos del proyecto, esta modificación responde a la necesidad de actualizar la legislación frente a un fenómeno creciente: la participación de menores en delitos, en muchos casos graves.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la nueva normativa busca que los adolescentes “asuman responsabilidad legal por sus actos”, sin perder de vista su educación, resocialización e integración social.

Guillermo Montenegro y Diego Santilli

Un nuevo enfoque: responsabilidad penal con eje en la reinserción

El proyecto no se limita a endurecer el sistema, sino que plantea un cambio de paradigma. La finalidad del régimen es doble: por un lado, establecer responsabilidad penal; por otro, promover la reintegración del joven a la sociedad.

En ese sentido, se incorporan principios como:

La mínima intervención del sistema penal
La proporcionalidad de las medidas
La prioridad de soluciones alternativas
La participación de la víctima
La educación y formación del adolescente

Además, se establece que todas las decisiones judiciales deben orientarse a evitar la reincidencia y fomentar una conducta responsable en el futuro.

Penas y sanciones: más alternativas y menos encierro

Uno de los aspectos más desarrollados del proyecto es el sistema de sanciones. Se propone un esquema escalonado que prioriza las penas no privativas de la libertad.

Entre las medidas previstas se incluyen:

Amonestaciones y advertencias formales
Prohibiciones de acercamiento o contacto
Restricciones para asistir a determinados lugares
Servicios comunitarios
Monitoreo electrónico
Reparación del daño a la víctima

La privación de la libertad queda como último recurso, con un límite máximo de 15 años y la prohibición de aplicar prisión perpetua a menores.

Además, se establece que, siempre que sea posible, las penas de prisión deben ser reemplazadas por alternativas, especialmente en delitos de menor gravedad.

Mediación, probation y “criterio de oportunidad”

El proyecto incorpora herramientas modernas de justicia restaurativa. Entre ellas, se destacan:

Mediación penal juvenil: permite resolver conflictos sin llegar a juicio, con el consentimiento de la víctima.
Suspensión del proceso a prueba (probation): el adolescente puede evitar el juicio si cumple ciertas condiciones, como reparar el daño.
Criterio de oportunidad: el fiscal puede decidir no avanzar con la acción penal en casos menores, bajo ciertas condiciones.

Estas herramientas buscan reducir la judicialización, acelerar los procesos y enfocarse en la reparación del daño más que en el castigo.

Más derechos y protagonismo para las víctimas

Un cambio clave es la incorporación activa de la víctima en el proceso penal juvenil. El proyecto establece que debe ser informada, escuchada y tener la posibilidad de oponerse a decisiones como la suspensión del proceso o el archivo de la causa.

También se garantiza asistencia psicológica y social, patrocinio jurídico gratuito y participación en instancias de mediación.

Según los fundamentos, el objetivo es evitar que los derechos del imputado impliquen un “avasallamiento” de los derechos de la víctima.