La cara oculta del Día del Vigilador: del Falcon verde a la seguridad privada

Cada 25 de abril se conmemora la fundación de la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina. La entidad gremial que representa a los trabajadores de la vigilancia, vio la luz en 1970, sin embargo, algunas cosas cambiaron desde 1983. La efeméride habilita una lectura más compleja: la relación entre seguridad privada y el reciclaje en democracia de algunos protagonistas de los años de impunidad que atravesó la Argentina tras la última dictadura.

Políticamente, en 1983 el país inició un camino inédito al avanzar en la decisión de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. A poco de andar, ese proceso se vio limitado primero por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y luego por los indultos firmados por Carlos Menem de 1989 y 1990, que dejaron en libertad a numerosos militares acusados o condenados por delitos de lesa humanidad.

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En ese contexto, durante el gobierno menemista, muchos de esos cuadros –popularmente llamados "mano de obra desocupada"- encontraron en la seguridad privada un nuevo ámbito de inserción. Sin posibilidad de regresar a las Fuerzas Armadas, algunos pasaron a desempeñarse como jefes, asesores o responsables de áreas de seguridad en empresas.Eran tiempos de escasa regulación. En la actualidad, las normas que regulan el sector prohíben la contratación de personal que tenga cuentas pendientes con la Justicia por todo tipo de delitos, especialmente los de lesa humanidad.

Otros se desempeñaron en agencias habilitadas para prestar servicios de vigilancia y custodia. Sus tareas eran variadas: podían supervisar el trabajo de los vigiladores, coordinar el accionar del personal operativo, o elaborar el plan de protección para ofrecerlo a los potenciales clientes. En este punto vale una aclaración: no todos los militares o efectivos de fuerzas de seguridad de los años 70 cometieron delitos de lesa humanidad. Hay muchos que nunca fueron citados por la Justicia porque no cometieron ilícito alguno.

El caso de la Secretaría de Cultura

En diciembre de 2011 se conoció que la Secretaría de Cultura de la Nación contrató servicios de seguridad para distintos edificios a la empresa Organización Anselmi, vinculada al ex policía federal Rolando Oscar Nerone, quien en esa época se encontraba procesado por su actuación durante la última dictadura militar. La situación generó cuestionamientos debido al contraste entre la contratación y el perfil del gobierno de entonces, que había impulsado una política activa de derechos humanos y de juzgamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de CABA condenó hoy a prisión perpetua a los dos ex oficiales de la Policía Federal Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez como coautores del homicidio de Mario Roger Julién Cáceres, en septiembre de 1976. La @SDHArgentina fue querellante en la causa. pic.twitter.com/FzsSpUYDCr

— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) March 17, 2022

El caso tomó relevancia porque expuso una aparente contradicción dentro del propio Estado: mientras desde el discurso oficial se promovía una línea dura contra la impunidad, en la práctica se tercerizaban servicios en una firma asociada a un ex integrante de las fuerzas de seguridad investigado por su rol en la represión ilegal, lo que abrió interrogantes sobre los controles en las contrataciones públicas. Varios años después, Nerone fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Mario Roger Julién Cáceres, en septiembre de 1976.

Otros casos relevantes

Hace dos décadas, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) publicó un extenso informe que daba cuenta de la situación del rubro. De acuerdo con lo informado por dicha agrupación política -claro está que no es neutral- en la década del 90 se registró un elevado número de denuncias gremiales y de organismos de derechos humanos, por la incorporación de ex integrantes de las fuerzas represivas –comprometidos por su pasado- en empresas que operaban en supermercados, bancos y compañías privatizadas.

Un caso señalado es el de la firma Segar, que en los años que citó el infome prestaba servicios para cadenas como Carrefour, Wal-Mart Argentina y Casa Tía, y que tenía entre sus directivos al ex comisario Luis Donocik (Policía Federal Argentina), vinculado al centro clandestino Club Atlético. El caso de Donocik es particular. En 2010 fue condenado a prisión perpetua, junto a otros nombres de la PFA de esos años que son bastante conocidos: Julio Héctor Simón (alias “Turco Julián); Raúl González (alias “Mayor Raúl” o “El Negro"); Juan Carlos Avena (alias “Centeno”); Eufemio Jorge Uballes (alias “Anteojito Quiroga o “Fhürer”); Eduardo Emilio Kalinec (alias “Dr. K”) y Roberto Antonio Rosa (alias “Clavel”). En 2022 fue beneficiado con salidas transitorias y en 2025 la Justicia le devolvió el ejercicio de sus derechos políticos. El detalle puede verse en el fallo Donocik, Luis Juan s/ recurso de apelación. El fallo se convirtió en caso de estudio en todas las universidades del país.

En el ámbito financiero y logístico, investigaciones sobre el entramado empresarial de Alfredo Yabrán apuntaron a compañías como Bridees -identificada como “Brigadas de la ESMA”-, donde aparecen nombres como Carlos Generoso y Jorge Rádice, ambos ligados al Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA.

En empresas de servicios y transporte surgidas tras las privatizaciones, las denuncias incluyen a figuras como Miguel Ángel Rovira, ex integrante de la Triple A vinculado a la seguridad de Metrovías; Norberto Carvajal, señalado en el ámbito de Telefónica; y Héctor Mario Schwab, al frente de Scanner S.A., ligado a estructuras de Antonio Bussi. En el sector aeronáutico aparece Top Air Security, dirigida por Adolfo Donda Tigel, junto a otros exagentes penitenciarios y militares.